La Abogacía del Estado ha presentado hoy un incidente de ejecución de sentencia para intentar evitar la retirada de los bienes muebles por parte de los Franco. El Ejecutivo presenta un recurso similar al interpuesto por el Concello de Sada, que presentó ya ayer un incidente de ejecución para que el juzgado se pronuncie expresamente sobre qué bienes deben permanecer en As Torres. El Gobierno pide concretamente que la Justicia se pronuncie sobre los elementos que tienen la consideración de bienes inmuebles por destino, al haber sido "incorporados de manera permanente" al pazo. A esta categoría podrían pertenecer, por ejemplo, los relieves, esculturas, retablos o elementos etnográficos como hórreos o cruceiros. Según informa el Ministerio de la Presidencia en un comunicado, la Abogacía del Estado incluye en su incidente un listado de bienes "que no podrán ser retirados antes de que exista un pronunciamiento expreso del juzgado".

En su incidente de ejecución, el Concello de Sada pide que el juzgado no solo se pronuncie sobre los bienes muebles que deban tener la consideración de inmuebles por destino, sino también sobre los que fueron vendidos con el pazo en 1938 y aquellos que, según la sentencia del juzgado de primera instancia que se ejecuta ahora provisionalmente, deben considerarse de titularidad pública por estas afectos al uso del pazo como residencia del Jefe del Estado hasta 1975.

El Gobierno insta ahora a la Xunta a mover ficha e incoar de forma urgente el expediente para modificar el decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás para incorporar un anexo con los bienes que deben quedar asociados a este sitio histórico. Esta medida fue reclamada insistentemente por el Ayuntamiento de Sada en los últimos meses y tanto Xunta como el Estado se negaron inicialmente apelando que los bienes ya estaban englobados en el BIC. Las dos administraciones cambian ahora de criterio y abogan por realizar con premura este cambio en el decreto BIC, pero no se ponen de acuerdo sobre las competencias. La Consellería de Cultura remitió hoy una propuesta de convenio al Gobierno para realizar este trámite dado que, alega la Xunta, la competencia es ahora del Estado porque el pazo de Meirás es provisionalmente de titularidad estatal. El conselleiro Román Rodríguez afirma que así se lo han trasladado los servicios jurídicos. Los grupos de la oposición en el Parlamento, BNG y PSOE y el Concello de Sada discrepan y advierten de que se trata de una competencia del Gobierno gallego y que debe hacerse efectiva sin más dilación.

Las administraciones apuran los plazos para intentar evitar la retirada de los bienes. Los Franco enviaron ya ayer a la empresa de mudanzas, pero el Estado no les permitió la entrada en el pazo. El abogado de los hermanos Martínez Bordiu, Luis Felipe Utrera-Molina, presentó ayer un escrito en el juzgado en el que acusa al Gobierno de impedir ilegalmente a sus representados la entrada en el pazo para retirar sus pertenencias. El Ejecutivo central afirma que la presentación de este incidente de ejecución impedirá a los Franco mover ningún bien hasta que el juzgado se pronuncie expresamente sobre los que se pueden retirar.