La Abogacía del Estado dio un paso más ayer en la defensa de los bienes muebles del pazo de Meirás y presentó un incidente de ejecución de sentencia para intentar evitar su retirada por parte de los Franco. El Ejecutivo interpuso un recurso similar al que presentó el Concello de Sada, que registró el jueves un incidente de ejecución para que el juzgado se pronuncie expresamente sobre qué bienes deben permanecer en As Torres.

El Gobierno pide en su incidente que la Justicia indique qué elementos tienen la consideración de bienes inmuebles por destino, al haber sido “incorporados de manera permanente” al pazo. A esta categoría podrían pertenecer, por ejemplo, los relieves, esculturas, retablos o elementos etnográficos como hórreos o cruceiros. Según informa el Ministerio de la Presidencia en un comunicado, la Abogacía del Estado incluye en su incidente (que no facilitó ayer a este diario) un listado de bienes “que no podrán ser retirados antes de que exista un pronunciamiento expreso del juzgado”.

El Concello de Sada va más allá y pide que el juzgado no solo se pronuncie sobre los bienes muebles que deban tener la consideración de inmuebles por destino, sino también sobre los que fueron vendidos con el pazo en 1938 y aquellos que, según la sentencia del juzgado de primera instancia que se ejecuta ahora provisionalmente, deben considerarse de titularidad pública por estas afectos al uso del pazo como residencia del Jefe del Estado hasta 1975.

La necesidad de que el juzgado se pronuncie expresamente sobre qué bienes pueden retirarse de Meirás fue planteada también por el Concello de A Coruña y la Diputación en sus recursos contra la diligencia que da vía libre a los Franco a llevarse todos los bienes, sin distinción, pero solamente el Concello de Sada y el Estado instan a abrir ese melón por la vía del incidente de ejecución.

El Gobierno ha presentado también un incidente para solicitar la conservación del inventario de bienes, que los herederos del dictador pretenden eliminar de las actuaciones y vetar su uso a las administraciones para cualquier fin.

Ampliación del decreto BIC

El Gobierno insta ahora a la Xunta a mover ficha e incoar de forma urgente el expediente para modificar el decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás para incorporar un anexo con los bienes que deben quedar asociados a este sitio histórico.

Esta medida fue reclamada insistentemente por el Ayuntamiento de Sada en los últimos meses, pero tanto Xunta como el Estado se negaron inicialmente apelando que los bienes ya estaban englobados en el BIC. Las dos administraciones cambian ahora de criterio y abogan por realizar con premura este cambio, pero no se ponen de acuerdo sobre las competencias que le corresponden a cada Administración.

La Consellería de Cultura, que inicialmente se negó a modificar el decreto BIC alegando que era competencia del Estado, se abre ahora a hacerlo, pero por la vía del convenio de colaboración, a través de un acuerdo mediate el cual el Gobierno delegue este trámite en la Xunta. El responsable de Cultura, Román Rodríguez, insiste en que la competencia ahora es del Estado porque el pazo de Meirás es provisionalmente de titularidad estatal y recalca que no se trata de una cuestión de voluntad política, sino que así se lo han trasladado los servicios jurídicos.

El Ministerio de Presidencia no hace alusión en su comunicado a ningún convenio y se limita a instar a la Xunta a incoar el expediente. Los grupos de la oposición en el Parlamento, BNG y PSOE y el Concello de Sada discrepan de la Xunta y sostienen que se trata de una competencia del Gobierno gallego y que debe hacerse efectiva sin más dilación.

Las administraciones apuran los plazos para intentar evitar por la vía judicial o administrativa la retirada de los bienes. Los Franco enviaron ya el jueves a la empresa de mudanzas, pero el Estado no les permitió la entrada en el pazo. El abogado de los hermanos Martínez Bordiu, Luis Felipe Utrera-Molina, presentó el jueves un escrito en el juzgado en el que acusa al Gobierno de impedir ilegalmente a sus representados la entrada en el pazo para retirar sus pertenencias.

El Ejecutivo central afirma que la presentación de este incidente de ejecución impedirá a los Franco mover nada hasta que el juzgado se pronuncie expresamente sobre los que se pueden retirar. El Gobierno central ha evitad aclarar si es el paso previo a la presentación de una demanda para reclamar el resto de los bienes de Meirás.