El Concello de Carral anuncia que resolverá “próximamente” una “deuda histórica con los vecinos”: la regularización del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), pendiente desde hace casi dos décadas. El Ayuntamiento asegura que ha concluido ya los pliegos para licitar el servicio y que el expediente de contratación ha sido aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana. El anuncio llega tras acumularse las quejas en tres últimos años por deficiencias en el servicio. Los problemas llegaron a llevar al Ayuntamiento a contratar a una segunda empresa que cubriera la atención en los domicilios a los que no acudía la contratada principal e incluso a enviarle a ésta un burofax tras no lograr contactar con sus responsables.

El Gobierno local —Alternativa dos Veciños y PSOE— sostiene que la regularización de este servicio fue una de sus máximas prioridades cuando se pusieron al frente del Ejecutivo municipal. Señalan que la elaboración de los pliegos “llevaba pendiente desde hace prácticamente veinte años” y que “se trata de una demanda histórica que supondrá unas mejores condiciones tanto para el personal como para los usuarios y usuarias del municipio”.

El servicio saldrá a contratación con un presupuesto base de licitación de 1,18 millones de euros. El plazo de vigencia del contrato será de dos años, informa el Concello. El Ayuntamiento asegura que abrirá “próximamente la fase de adjudicación mediante la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El Concello carralés admitió en noviembre de 2018 las carencias en el servicio de ayuda en el hogar, todavía en el último mandato del popular José Luis Fernández Mouriño como alcalde. El Ejecutivo municipal anunció entonces la contratación de una segunda empresa, que atribuyó al aumento de la demanda, mientras que el PSOE, entonces en la oposición, denunció que el servicio llevaba diez años en situación irregular y alertó de la precariedad. El socialista Pablo Couto se hizo eco de un escrito de UGT que denunciaba que un cambio reciente en la propiedad de la empresa había empeorado la situación laboral de las auxiliares.