El Gobierno y el Concello de Sada no albergan la menor duda de que le corresponde a la Xunta modificar el decreto por el que declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás en 2008 para incluir un anexo con los bienes muebles vinculados a este sitio histórico y evitar así su traslado. Tras emitir un informe la Abogacía del Estado que concluye que se trata de un trámite de competencia autonómica, las dos administraciones han reclamado formalmente a la Consellería de Cultura que incoe el procedimiento, en base a la Lei de Patrimonio de Galicia, que estipula que este trámite puede iniciarse por “petición de cualquier persona física o jurídica” siempre que esté “razonada y documentada”.
La Xunta, que ha esgrimido hasta ahora que la ampliación del BIC no es de su competencia porque el pazo es provisionalmente de titularidad estatal, tiene ahora dos opciones: aceptar la petición e incoar el expediente o inadmitirla. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, instó ayer nuevamente la firma de un convenio con el Gobierno que “habilite” al Ejecutivo gallego a realizar esta ampliación. El responsable autonómico cuestiona las conclusiones de los juristas estatales, contrarias a las de los servicios autonómicos, y recalca que no es una cuestión de “voluntad política”, sino de seguridad jurídica”. El BNG y PSdeG lo niegan y urgen un trámite que consideran crucial.
Las administraciones no se ponen de acuerdo y el tiempo apremia. El auto de la Audiencia Provincial que revocó el depósito cautelar de los bienes muebles de Meirás abre la puerta a que los nietos del dictador vacíen el pazo. Aunque la diligencia que daba vía libre a los hermanos Martínez Bordiu a retirar todos los muebles, obras de arte y enseres, ha sido suspendida para estudiar los incidentes de ejecución del Estado y el Concello de Sada, todas las administraciones ven en la ampliación del BIC la vía más segura para preservar los bienes y evitar su mudanza, dado que esta tendría que ser autorizada expresamente por la Xunta.
Los días pasan, el acuerdo se hace de rogar y el Estado mueve ficha. Tras emitir un informe la Abogacía del Estado que, como avanzó este diario, concluye que es el Gobierno gallego es que debe incoar el expediente y que la Administración General del Estado puede “solicitar de la Comunidad Autónoma de Galicia la incoación del oportuno procedimiento”, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha enviado una carta al conselleiro de Cultura en la que insta la apertura del expediente.
En su misiva, Fernando Martínez, no solo insta la incoación del expediente para ampliar el decreto BIC, sino que incluye una relación de elementos del pazo de Meirás que, entiende, deben ser objeto de protección “por su manifiesta vinculación a los valores históricos” del inmueble. En la lista incluye todas las piezas ubicadas en los jardines (hórreos, fuentes, cruceiros, estatuas y escudos); los bienes de la capilla, donde se encuentra el retablo barroco procedente del pazo de Santa María de Sada, las sillas bordadas por Emilia Pardo Bazán y sus hijas o un Cristo barroco de pelo natural; los muebles que pertenecieron a la escritora, su retrato al óleo o el busto; los retratos oficiales de Franco y Carmen Polo, el busto del dictador y “numerosa documentación oficial que se ha hallado en el pazo”. El listado incluye 56 bienes en el pazo y la capilla. Son muebles y obras de arte vinculadas a Pardo Bazán o al dictador, incluidos los retratos de Sotomayor, Zuloaga o Félix Revello de Toro. El responsable estatal matiza que se trata de una propuesta inicial, que puede completarse una vez se incoe el expediente de ampliación del BIC.
El mensaje que Emilia quería dejar a los “curiosos del año 2000” y otras curiosidades que depara su epistolario
Poco podía imaginarse Emilia Pardo Bazán que en el siglo XXI la residencia que diseñó en Meirás a medio camino de un pazo y un castillo estuviese inmerso en un pleito entre el Gobierno y los herederos del dictador que se hizo con el inmueble tras su muerte, mediante una cuestación popular, en muchos casos forzosa, recortes en nómina o aportaciones públicas . Con motivo del centenario del fallecimiento de la escritora, el Consello da Cultura Galega y la Real Academia Galega ha subido a la red su epistolario, 156 cartas enviadas y recibidas entre 1879 y 1917 que desvelan más de una curiosidad. Entre otras sorpresas, una carta que la escritora envió al notario de Betanzos, José Alguero Penedo, que le ayudaba en el diseño exterior del pazo, en el que le confesaba su deseo de dejar una huella, un mensaje para los visitantes del 2000. “... quisiera imprimirle alguna huella personal, para cuando la visiten —si la visitan— los curiosos del año 2000”. Poco podía imaginarse que su residencia iba a ser noticia a nivel nacional un siglo después de su fallecimiento.
La argumentación de su escrito es muy similar a la que esgrime el alcalde de Sada, Benito Portela, en la misiva que envió ayer al conselleiro de Cultura para instar también la apertura del procedimiento en nombre del Concello de Sada. Este Ayuntamiento es la administración que ha apelado más insistentemente a la necesidad de ampliar el decreto BIC, una medida que no lleva implícito ningún reconocimiento de titularidad, pero que permitiría a la Administración blindar los bienes del pazo de Meirás, dado que su traslado tendría que ser autorizado expresamente por la Xunta.
El Ayuntamiento sadense advierte desde hace semanas que la modificación del BIC es una competencia de la Xunta, porque no se dan las salvedades que establece la Ley del Patrimonio Histórico Español, dado que el pazo de Meirás ni está adscrito a ningún servicio de la Administración General del Estado ni forma parte del Patrimonio Nacional, idéntica conclusión a la que ha llegado la Abogacía del Estado. “Resulta inaudito que sea al Xunta a quien no quiere ejercer una competencia autonómica exclusiva que el propio Estado reconoce como tal”, lamenta el regidor. En su misiva, Portela pide además el establecimiento de un régimen transitorio de usos del inmueble que dé amparo al pretendido uso dotacional hasta la aprobación y entrada en vigor del plan especial de protección.
