El Superior ordena a Sada fijar garantías para los afectados por el derribo de dos edificios

El fallo no detalla la cuantía de este aval, que un juzgado cifró en 2016 en más de cuatro millones (el equivalente al doble del presupuesto de ejecución de los inmuebles), aunque esa sentencia fue revocada por el Alto Tribunal, que dio un plazo al Concello para identificar a los propietarios. El Concello avanzó ayer que los servicios jurídicos analizan la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo municipal que preside Benito Portela argumenta que “está acreditada la responsabilidad de la promotora de la licencia anulada, al presentar un proyecto anómalo”: “Entendemos que no debería ser el Concello el obligado al depósito de garantías y mucho menos en exclusiva”, apuntan desde el Gobierno local.

El TSXG argumenta en su fallo, emitido ya el pasado 22 de marzo, que no aprecia razones para extender la exigencia de la constitución de garantías a los promotores, “sin perjuicio de que se ejerzan las correspondientes acciones contra los responsables en otro procedimiento”. Los jueces inciden en que el objeto de este depósito es responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe y que el Concello no puede eximir su responsabilidad: “Una vez constatada la inactividad del promotor, la demolición derivada de la anulación de la licencia debe ser ejecutada por la Administración cuya actuación anulada [la licencia] fue la que propició el resultado constructivo, sin perjuicio de que dicha ejecución subsidiaria se haga a cargo de las promotoras”, recoge el fallo,

El TSXG rechazó también la solicitud de un complemento de sentencia solicitada por el Concello de Sada y, en un auto emitido el pasado 3 de mayo, reitera la “procedencia de constituir las garantías exigidas” por ley: “No nos encontramos ante un procedimiento en el que se trate de dilucidar responsabilidades, sino ante un incidente de ejecución de sentencia en que para garantizar los derechos de los terceros de buena fe, han de ser prestadas las referidas garantías, al margen de que sean exigidas responsabilidades contra quien proceda”, recalcan los magistrados.

Los dos edificios fueron construidos por Meu Lar e Inversiones Cabriales al amparo de una licencia otorgada en 2005 por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares. El Concello de Sada sacó a contratación a principios de 2020 la demolición del edificio de 38 viviendas del Camiño de Fiunchedo. Ocho empresas concurrieron al concurso, que todavía no se ha resuelto. El Ayuntamiento afirma que los funcionarios municipales han recomendado esperar a la liquidación del ejercicio de 2020 para adjudicar estos dos contratos con cargo al remanente. El Concello todavía no ha sacado a contratación los trabajos de demolición del otro bloque, el de Sada y sus Contornos número 3 y afirma que dispone ya de una memoria y que el contrato está en tramitación.

La promotora del edificio de veinte viviendas de Sada y Contornos, O Meu Lar, y los propietarios del edificio de O Fiunchedo apuran los plazos para intentar legalizar los bloques al amparo del plan general aprobado en 2017 y evitar el derribo. El promotor del bloque de la Avenida de Sada y sus Contornos número 3, presentó en julio de 2020 un proyecto de legalización del edificio, que según informó el Concello de Sada a los juzgados a finales del pasado año, tramitan los servicios técnicos municipales.

Los propietarios del edificio de Fiunchedo tramitan un plan especial de reforma interior para intentar regularizar el edificio que superó hace unos meses el proceso de evaluación ambiental estratégica y que continúa en tramitación.