De nada valieron las más de cuatrocientas firmas presentadas ante el Concello de Aranga para reclamar la reincorporación del técnico que ocupó el puesto de informático en este pequeño municipio rural durante los últimos 20 años.  Tampoco la sentencia firme del Juzgado de lo Social que declara improcedente su despido y concluye que Antonio González no era un trabajador por cuenta propia, tal y como esgrimía el Gobierno local, sino un trabajador del Concello desde 2001 a pesar de la suscripción de sucesivos contratos como autónomo en “fraude de ley”.

Tras el fallo judicial, el Gobierno local, del PP, ha optado por prescindir de los servicios de Antonio e indemnizarlo con 18.936 euros. En su resolución, el Ejecutivo aduce que se replantea “la necesidad y contenido de la prestación de este servicio”. “En el caso de optarse por la reincorporación, al no estar creado actualmente este puesto de trabajo, debería crearse e incluirse en la RPT, procediendo a su convocatoria en la forma legalmente establecida”, argumenta.

Para la oposición, el PSOE, y para los vecinos que pusieron en marcha la recogida de firmas en defensa de su informático, los argumentos del alcalde, Alberto Platas, son solo “excusas”. Lo mismo opina el principal afectado, que ha regresado a su aldea natal de Ourense. “Contaba con quedarme en Aranga, estaba buscando una casa”, cuenta resignado. Él dice no entender los motivos. Tampoco ha recibido ninguna explicación por parte del Concello. Sus condiciones, cuenta, fueron deteriorándose con el tiempo. Comenzó cobrando 1.200 euros, pasó a 1.000 y hace un tiempo a 800 euros.

Su despido llegó en plena pandemia. El Concello cerró las aulas de informática por precaución y adujo que prescindía temporalmente de sus servicios. “Es un autónomo”, recalcó entonces el regidor a consulta de este medio. Tras los meses más duros de la pandemia, el Concello retomó algunos servicios y actividades, pero las aulas de informática, dos de ellas reformadas recientemente, siguen cerradas.

Estas aulas, cuentan Isabel Alicia, Elena o María, eran una ventana al mundo, un lugar en el que muchas de ellas, sobre todo las más veteranas, aprendieron a manejarse en Facebook o a navegar por internet, pero también un lugar de encuentro en este municipio de 1.849 habitantes y población envejecida y dispersa: “Llevábamos café, filloas, orejas, ... y pasábamos la tarde”, cuentan. Recurrían a Antonio para todo. Desde para aprender a “andar con esos teléfonos tan modernos” a crear grupos de Whatsapp, arreglar el móvil o negociar los contratos de telefonía. Sus servicios, apuntan, se echan muy en falta en unos tiempos de COVID-19, en los que el virus ha multiplicado los trámites telemáticos. “Nos ayudaba a todos, pequeños, mayores, a hacer un currículum, a enviar un documento.... Si te fallaba internet iba hasta tu casa a ayudarte”, incidía Neli.

Para la portavoz del PSOE, Sandra Pena, la decisión del Ejecutivo no tiene justificación: “Lo despide con una indemnización de 19.000 euros, sin consultarlo con nadie y con dinero del pueblo, que quería que Antonio se quedase”, resume la socialista, que agradece a Antonio su trabajo todos estos años y que lamenta que Aranga se quede sin informático.