El Concello de Culleredo deberá abonar 237.791,57 euros (IVA incluido) más los intereses legales a la empresa Setex Aparki por errores en la facturación entre marzo de 2011 y diciembre de 2015 como concesionaria del servicio de grúa del municipio. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha condenado al Ayuntamiento cullerdense a abonar la diferencia entre las cuantías facturadas por la prestación del servicio durante años y las que deberían haberse facturado, después de que venciera una cláusula transitoria por obras que reducían la cantidad de plazas de aparcamiento, cláusula que debía regir por 18 meses, prorrogables, pero no durante toda la vigencia del contrato, dicta el fallo judicial. Contra la sentencia cabe recurso.

El Juzgado condena al Ayuntamiento al pago de la cuantía reclamada por la concesionaria al estimar íntegramente su recurso contencioso-administrativo. La empresa recurrió la desestimación presunta por silencio administrativo de un recurso de reposición interpuesto contra una anterior denegación presunta, también por silencio administrativo, de la reclamación efectuada ante el Concello.

“Estamos ante un claro y flagrante error en la facturación”, falla el Juzgado. “Carece de toda lógica que el propio concesionario rebajase el precio de la concesión sin motivo aparente alguno a lo largo de los años, y es patente el error cuando en el contrato se establece una cláusula general que establece el precio del contrato y otra transitoria (excepcional) que lo modifica por un determinado periodo de tiempo y sin embargo se acude a la cláusula transitoria para efectuar el cobro del mismo”. Concluye que “una vez finalizado el periodo transitorio establecido en el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Culleredo y Setex Aparki el 10 de marzo de 1999, el precio de los servicios objetivo de la concesión a partir del 1 de enero de 2016 es el establecido en la cláusula segunda del contrato [y no la transitoria]”.

El BNG critica que se hayan “perdido cientos de miles de euros en procedimientos judiciales” y recuerda sentencias como la que condenó al Concello a reparar la superficie de la plaza de Galicia por filtraciones o los “200.000 euros de sobrecoste por una de las parcelas adquiridas para el colegio Vila de Rutis”.

El Gobierno local critica que “el BNG tergiversa la realidad en sus declaraciones públicas, cuando lo que está ocurriendo no es ninguna pérdida y el Ayuntamiento hacía esos pagos porque eran los que se le facturaban”. Recuerda, además, que “en el periodo en cuestión, el BNG formaba parte del Gobierno local”.