El recurso interpuesto por los Franco discute la procedencia de retirar 55 elementos que el Estado considera inseparables del pazo de Meirás. Se trata, en su mayor parte, de conjuntos labrados en piedra que adornan los jardines o de piezas de la capilla que la Abogacía del Estado considera bienes inmuebles por incorporación o por destino, es decir, aquellos que no pueden retirarse sin producir un deterioro del inmueble o que fueron colocados con vocación de que permaneciesen siempre unidos al edificio.

El sarcófago que mandó labrar Emilia Pardo Bazán, el sepulcro en el que quería ser enterrada y que finalmente quedó vacío tras la muerte de la condesa en Madrid en 1921, es uno de esos bienes que el Estado considera que forma parte inseparable de Meirás, que fue colocado con vocación de que permaneciese siempre en la capilla, al igual que el retablo, el Cristo de pelo natural, el confesionario o la pila de agua bendita. Los Franco no opinan lo mismo. En su recurso, defienden que pueden llevarse todos esos bienes, dado que, alegan, su retirada no provocaría un deterioro del edificio. Para los descendientes del dictador, solo el retablo se salvaría de la mudanza, aunque solo parcialmente, dado que sí se plantean retirar las 14 tallas de madera que contiene.

Tampoco consideran los herederos del dictador que los blasones labrados en piedra o las esculturas que adornan los jardines fuesen instalados con vocación de permanencia. Ni siquiera el escudo del ducado de Franco de la fachada, que los descendientes del militar golpista se plantean cargar, con el resto de sus pertenencias, en el camión de mudanzas con destino Madrid. Los hermanos Martínez Bordiu solo acceden a dejar en As Torres aquellos bienes que “no se pueden separar sin causar un daño relevante, irreparable y consistente en que se destruya o deteriore [el inmueble] significativamente con la separación”.

Hay casos curiosos, como el de un conjunto pétreo del jardín formado por una fuente, labras heráldicas y un templete con la figura de una Piedad. En ese caso, los Franco consideran que se trata, efectivamente, de un bien mueble por incorporación, salvo la figura de la Virgen. Aducen que este conjunto está formado “por una construcción adherida al suelo” pero que esta naturaleza “no puede atribuirse por extensión a una figura decorativa existente en el mismo, que es perfectamente separable”.

Las labras heráldicas en piedra que adornan los jardines, así como las esculturas o dos de las pilas bautismales son, alegan, “absolutamente desplazables sin detrimento de los mismos” y cumplen una función “meramente ornamental”. Sobre el sarcófago, el confesionario o la pila de agua bendita y otros bienes inventariados de la capilla argumentan “tres cuartas partes de lo mismo”: “Ninguno de ellos exige para su desplazamiento una actuación que implique el deterioro de suelos o paredes, al menos no de aquel que no pueda ser subsanado mediante actuaciones simples de pulido, pintura o análogo”, argumentan en su recurso los Franco, que sostienen que la capilla “puede cumplir perfectamente su función sin ninguno de estos elementos ornamentales”.

Los Franco solo coinciden con el Estado en la conveniencia de que permanezcan en Meirás 78 elementos anclados al pazo, como hórreos, cruceiros, bancos o maceteros de piedra, escaleras, balaustradas, fuentes o estanques, la pista de tenis o unos frisos. Se trata, dice, de bienes que en ningún momento se plantearon retirar.

Los otros 55 elementos que el Estado considera inseparables y que los Franco pretenden cargar en el camión de mudanza no son los únicos en discordia. El inventario de la Xunta detallaba cerca de 700 bienes en el pazo de Meirás, aunque no a todos se les presume un valor. El listado incluía mobiliario antiguo, obras de arte, incluidos cuadros de Sotomayor, Zuloaga o Bertuchi; bargueños, tallas policromadas, un nacimiento napolitano, sillas de estilo nazarí camas con copetes y pináculos torneados, esculturas de bronce, porcelanas o un busto de Emilia Pardo Bazán…, junto con elementos como un mueble moderno para el televisor, deshumidificadores, cráneos de corzo o una perdiz disecada.

El Concello de Sada va más allá que el Estado y en su incidente de ejecución de sentencia reclama que se impida no solo la retirada de los bienes considerados inmuebles por destino o incorporación, sino también de aquellos que fueron vendidos con el pazo en 1938 (la escritura de compraventa detallaba que el inmueble se vendió con todo lo que había en su interior con una salvedad, la biblioteca) y todos aquellos elementos instalados posteriormente por el Estado y afectos al servicio como residencia oficial.

Los Franco piden que se inadmita el recurso del Concello de Sada por “falta de legitimación”, restan valor a la escritura de 1938 dado que, alegan, no fue determinante a la hora de que la Justicia declarase que el pazo de Meirás es patrimonio público y aducen que no es pertinente abrir el debate de los bienes supuestamente afectos al servicio público dado que, subrayan, el Estado no reivindicó su posesión en la demanda.

A día de hoy, solo dos bienes del pazo de Meirás gozan de una protección que impide una mudanza sin autorización expresa de la Xunta: las esculturas del Mestre Mateo que los Franco llevaron de nuevo a Meirás en 2018 y la biblioteca de Pardo Bazán, declarada también Bien de Interés Cultural. El resto de los elementos, incluidos algunos clave para interpretar este sitio histórico, como el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán o los conjuntos pétreos del jardín, muchos de ellos trasladados al pazo durante la dictadura desde distintos puntos de Galicia, no tienen ningún escudo que impida a los Franco cargarlos en un camión.

La plataforma Defende Meirás ha reunido casi 1.400 firmas para instar a la Xunta a modificar el decreto por el que declaró BIC el pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes históricos y artísticos asociados a este sitio histórico. La Consellería de Cultura alega que es competencia del Estado porque la Justicia ha declarado provisionalmente el inmueble patrimonio estatal y alega que podría en riesgo la estrategia procesal si incoa el expediente. La Abogacía del Estado discrepa y ha emitido un informe en el que concluye que es competencia de la Xunta e incide en que el pazo, pese a ser un bien demanial no está adscrito actualmente a ningún servicio público, requisito que exige la Ley de Patrimonio para dejar en manos del Estado la incoación de los BIC.

Las discrepancias entre las dos administraciones bloquean un trámite que los memorialistas consideran esencial para blindar los bienes y dan alas a los Franco, que han recurrido también la suspensión de la mudanza, que ya han contratado.

El Gobierno avanzó en su incidente de ejecución que se reservaba la posibilidad de presentar una demanda para exigir los bienes que considera de titularidad estatal, aunque hasta ahora ha evitado aclarar a este diario si planteará finalmente una acción reivindicatoria.