El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha admitido a trámite el recurso de los nietos del dictador Francisco Franco contra la suspensión de la retirada de los bienes para estudiar los incidentes de ejecución de sentencia quehan planteado el Estado y el Concello de Sada para intentar evitar el vaciado de As Torres de Meirás. La Xunta y el Concello de A Coruña han presentado sendos escritos ante el juzgado en los que manifiestan su adhesión al incidente de la Abogacía del Estado, que detalló hasta 133 elementos que considera “inseparables” del pazo, pero no se pronuncian sobre el del Ayuntamiento sadense, más ambicioso en sus reivindicaciones y el único que ha pedido que se impida la retirada de los bienes que integraban el pazo de Meirás en el momento de su venta en 1938.

El Concello alega que la escritura de compraventa de 1938 recoge textualmente que Manuela Esteban Collantes vendió el inmueble “con todo cuanto dentro del edificio exista” (a excepción de la biblioteca, que donó expresamente a Franco). El Consistorio alega que la Justicia ha refrendado la validez de la escritura de 1938, por lo que debe entenderse que la orden de devolver el pazo de Meirás debe comprender también todo el mobiliario con el que fue vendido a la Junta Pro Pazo de Caudillo en 1938. El Gobierno local que preside Benito Portela llama la atención sobre la existencia en el inmueble de mobiliario y obras de arte de los tiempos de Emilia Pardo Bazán y sus sucesores que son fácilmente identificables a través de fotografías antiguas (la mesa de la Torre de la Quimera, unas vitrinas, las sillas bordadas a mano de la capilla, un busto o un retrato son algunas de las piezas que han identificado los historiadores, a las que se suman el sarcófago o el Cristo de pelo natural del templo). El Concello solicitó también la permanencia en Meirás de todos aquellos elementos instalados posteriormente por el Estado y afectos al servicio como residencia oficial del jefe del Estado, extremo al que tampoco se han adherido el resto de las administraciones.

Algunos de los bienes de la época de Pardo Bazán que siguen en As Torres son reivindicados también por el Estado en su incidente, pero no por el hecho de que fuesen vendidos con el pazo en 1938, sino porque entiende que deben considerarse bienes inmuebles por incorporación o por destino ( aquellos que, según el Código Civil, no pueden retirarse sin producir un quebranto o que fueron colocados con vocación de permanencia). La Abogacía del Estado detallaba en su recurso hasta 133 elementos que considera que entran dentro de esta categoría, como hórreos, cruceiros, bancos o maceteros de piedra, escaleras, balaustradas, fuentes o estanques, la pista de tenis o unos frisos o los conjuntos pétreos del jardín. El Estado incluye también los elementos de la capilla , desde el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán al retablo barroco.

De los 133 bienes que detalla la Abogacía del Estado, los Franco coinciden en que 78 son bienes inmuebles por incorporación, dado que “no se pueden separar sin causar un daño relevante, irreparable y consistente”. Los Franco discrepan en lo relativo a los otros 55 elementos, que consideran que sí pueden llevarse, como las esculturas de los jardines, los escudos del ducado de Franco, incluido el de la fachada, o el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán. Los nietos del dictador piden que se inadmita el incidente de Sada por falta de legitimación y alegan además que el título ejecutivo al que hace alusión el Ayuntamiento “no hace alusión a ningún bien mueble titularidad de la condesa Pardo Bazán”.

Las administraciones mantendrán hoy una nueva reunión para avanzar en el protocolo de gestión provisional y en la apertura del pazo, en manos provisionalmente del Estado desde el pasado diciembre.

Sin noticias del BIC ni de la demanda del Estado

El juzgado de Instrucción de Primera Instancia número 1 de A Coruña se pronunciará en breve sobre los incidentes de ejecución de sentencia del Estado y el Concello de Sada sobre los bienes muebles y no han trascendido avances en la modificación del decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás para incluir los bienes asociados a este sitio histórico. A día de hoy, los únicos elementos blindados de una mudanza sin autorización son las esculturas del mestre Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán, declarados BIC. La Xunta defiende que le corresponde al Estado realizar el trámite al tratarse de un edificio estatal y, afirman, adscrito a los servicios de la Administración General del Estado. La Abogacía del Estado lo niega, incide en que el bien no está adscrito a ningún servicio público y que por ley le corresponde al Gobierno gallego realizar el trámite. Las dos administraciones no se ponen de acuerdo y los memorialistas y el Concello de Sada advierten del riesgo de que la jueza levante la suspensión cautelar y los Franco vacíen el pazo de Meirás. Con el propósito de desbloquear la situación, el Concello de Sada propuso a ambas administraciones una alternativa, que pasaría porque el Estado certificase que As Torres no estaban adscritas a ningún servicio ni formaban parte del Patrimonio Nacional para despejar los obstáculos a los que apela la Xunta. Su propuesta, planteada hace cinco días, todavía no ha recibido respuesta. Los colectivos memorialistas advierten de que el tiempo apremia y llaman la atención sobre el riesgo de que los Franco vacíen Meirás si la Justicia rechaza los incidentes o acepta únicamente el Estado, que se limita a reivindicar 133 de los casi setecientos que inventarió la Xunta.

El Estado avanzó en su incidente de ejecución que se reservaba el derecho para presentar una demanda para reivindicar los bienes que considere de titularidad estatal, pero de momento no ha movido ficha ni aclara si trabaja en esta acción reivindicativa.