Hoy al mediodía está convocada una marcha cívica por los jardines del pazo de Meirás y, ayer, a solo unas horas, las entidades memorialistas no habían recibido respuesta a la solicitud de autorización que presentaron el 7 de junio ante la Subdelegación del Gobierno y Secretaría del Estado de Memoria Democrática. Extraoficialmente, responsables del Ejecutivo sí avanzaron a los memorialistas que se podían olvidar de traspasar los muros de la que fue residencia estival del dictador Franco, en propiedad provisionalmente del Estado desde el pasado 10 de diciembre; pero la negativa oficial del Estado, con rúbrica y membrete, no llegó al buzón de los convocantes.

A consulta de este diario, desde la Subdelegación del Gobierno afirman que remitieron ayer a la tarde un correo a Iniciativa Galega pola Memoria para trasladarle la negativa de la Dirección General de Patrimonio del Estado a consentir la marcha por los jardines de este Bien de Interés Cultural por su carácter protegido y por el hecho de que la Justicia aún no ha ratificado el carácter público del inmueble.

La actitud estatal, su distanciamiento tras meses de trabajo “codo con codo” para recuperar Meirás, irrita a los memorialistas que, relatan, ya se sintieron “ninguneados” en el acto de entrega de las llaves del pazo, que ellos celebraron extramuros, bajo la lluvia, ausentes no solo físicamente, sino también en el discurso triunfalista de la abogada general del Estado, que recogió las llaves en representación del Gobierno. Fue la primera fisura, una apertura apenas perceptible que posteriores reveses judiciales y discrepancias sobre los usos transformaron en una grieta en el “modelo Meirás” del que se jactaba el secretario del Estado de Memoria Democrática. Ese consenso político y civil, que propició una victoria con la que no soñaba ni el más optimista de los impenitentes que se manifestaron durante 40 años extramuros, ha dado paso a desencuentros y estrategias jurídicas dispares entre las administraciones que hace unos meses iban de la mano.

El Gobierno ha pasado de celebrar un “día histórico para esta tierra y para España”, como lo resumía la vicepresidenta Carmen Calvo, a dar respuestas esquivas. Nada que ver con el entusiasmo con el que las administraciones recibieron la sentencia de primera instancia que colmó por completo sus expectativas al declarar que el pazo de Meirás era del Estado y los Franco poseedores de mala fe que debían abandonar la propiedad sin derecho a ninguna administración.

El primer golpe llegó pocos meses después, con una sentencia de la Audiencia Provincial que mantuvo lo esencial, que el pazo es del Estado por su ocupación ininterrumpida por más de 30 años, pero que despojó al fallo del celebrado contenido de reparación histórica y obligó a indemnizar a los Franco con carácter retroactivo desde 1975 como poseedores de buena fe. La segunda estocada llegó poco después, con otra resolución de la Audiencia que tumbó el depósito cautelar de los bienes muebles y dio vía libre a los herederos del dictador a vaciar Meirás.

Las resoluciones abrieron dos boquetes en el navío Meirás y el consenso entre las administraciones dio paso a los desencuentros. El primero, por la negativa inicial del Estado a recurrir la sentencia que declara la buena fe de los Franco y que concluye que el pazo fue un regalo al dictador a título particular; el segundo, por la estrategia para evitar el vaciado de As Torres. Las administraciones lograron in extremis encauzar sus diferencias y recurrir a una la sentencia de la Audiencia en lo relativo a la supuesta buena fe de los Franco, pero no fueron capaces de trazar una estrategia común para evitar que los Franco carguen en camiones de mudanza con destino Madrid el mobiliario, obras de arte y antigüedades que atesora el pazo.

Solo el Estado y el Concello de Sada presentaron incidentes de ejecución de sentencia, pero con peticiones dispares. La de Sada, de máximos; la del Estado, limitada a 133 elementos que considera bienes inmuebles por destino o incorporación y que deja fuera gran parte de las piezas de tiempos de Emilia Pardo Bazán que fueron vendidas con el pazo. Xunta y A Coruña se adhirieron solamente al recurso del Estado.

No solo se agrieta el consenso en sede judicial, también en vía administrativa. Xunta y Estado llevan semanas lanzándose la pelota para blindar los bienes con la ampliación del decreto BIC del pazo de Meirás para incluir los bienes asociados a este sitio histórico. Las dudas de la Xunta sobre las competencias administrativas mantienen bloqueado este trámite a pesar de que el juzgado puede resolver en cualquier momento el recurso que mantiene paralizada la mudanza que ya han anunciado los Franco.

La falta de sintonía entre administraciones, que tampoco se ponen de acuerdo en los usos futuros de As Torres —con la Xunta a favor de primar a Pardo Bazán y el resto con el foco puesto en la memoria histórica—, ha disparado las alertas entre los memorialistas.

Defende Meirás hizo ayer al mediodía un llamamiento a asistir hoy al acto previsto en Meirás. Las entidades tienen ya listo un “plan B” con la colaboración del Concello de Sada, dado que era más previsible que no pudiesen traspasar el portalón del pazo. Sin ocultar su indignación ante el “incompresible” silencio del Gobierno, que consideran un desprecio a las víctimas, los memorialistas ponen el foco en la necesidad de recuperar el “modelo Meirás” e invitan a partidos, colectivos y administraciones a dejar a un lado sus diferencias y ponerse hoy tras la pancarta para reivindicar que “el pazo es del pueblo y de la memoria” y que hay que convertirlo en “un sitio de maravilla, memoria y rebeldía”, en palabras del escritor Manuel Rivas, uno de los intelectuales que ha expresado su apoyo al acto en los últimos días.

El investigador Carlos Babío, acompañado de dos integrantes de la Comisión pola Memoria, incidió ayer en que la batalla crucial está por dar y se libra en el Supremo, donde los Franco van a auna y a por todas. “El pazo nunca estuvo tan en peligro, antes había una situación anómala, pero ahora corremos el riesgo de que le den rango de justicia”, apuntó este investigador, que demandó una vez más unión y celeridad en los trámites del BIC para evitar la “foto de la vergüenza” de los nietos del dictador vaciando As Torres .