El Gobierno local de Arteixo tiene previsto aprobar en los próximos días el acuerdo por el cual declarará extinto el contrato de servicio de redacción del plan general que había sido contratado en el mandato del bipartito del PSOE y Terra Galega. Lo hace después de seis años de trámites administrativos. En 2015 había aprobado iniciar la rescisión, pero hasta ahora no se había terminado este trámite. Una vez completado este paso, el Ejecutivo de Carlos Calvelo tendrá vía libre para licitar un nuevo contrato. La previsión es hacerlo a lo largo de este año.
El acuerdo que adoptará el Concello supone declarar extinto el contrato de redacción del plan general adjudicado en 2008 a UTE Arnaiz consultores-Tinsa, declarar la inexistencia de responsabilidades contractuales a cargo del contratista y proceder a la devolución de la garantía constituida por la empresa.
En la sesión plenaria de marzo de 2015 se aprobó de forma inicial la extinción del contrato condicionada a la comprobación de la “inexistencia de un incumplimiento imputable al contratista” que motivase el inicio de un expediente para exigir su responsabilidad. El adjudicatario presentó un escrito en 2015 en el que pedía que se certificase que no hay incumplimiento por el contratista y que se formalizase la extinción del servicio, además de que se valorasen económicamente los trabajos realizados. En el segundo, presentado en 2018, solicitó que se procediese a la liquidación del contrato y que se pagase una factura de 74.000 euros.
En marzo de 2018 el jefe del Área de Urbanismo emite informe en el que se realizaron los trabajos de las fases 1 y 2 del contrato inicial y la fase 1-b del contrato modificado (el Gobierno local había aprobado una modificación del contrato). En noviembre de 2018 el jefe del Área de Urbanismo emite otro informe complementario en el que informa del incumplimiento del contratista de la obligación contractual de mantener una oficina abierta en A Coruña y del desarrollo en plazo de los trabajos a ejecutar.
El secretario municipal elaboró recientemente un informe en el que asegura que la vigencia del contrato debería haber finalizado en 2014. La cuestión que analiza el funcionario es si procede la resolución del contrato por causas imputables al contratista o bien declarar extinto el contrato como consecuencia de la finalización del plazo contractual pactado. Opta por esta última opción. “No procede resolver un contrato ya extinto por el transcurso del plazo, sino únicamente declarar su extinción”, afirma en el informe. Eso sí, concluye que el contratista incumplió sus obligaciones “contractuales esenciales”, por lo que considera que no procede el pago de los 74.000 euros reclamados por la empresa.
Una vez terminado este trámite, el Gobierno local puede proceder a contratar un nuevo servicio de redacción del plan general. La previsión es iniciar la licitación este año.
