Mujer, residente en una zona urbana de la provincia de A Coruña y con una queja escrita en gallego. Éste fue el perfil medio de las quejas recibidas por la Valedora do Pobo en 2020, en total 415 en la provincia coruñesa. Asuntos urbanísticos, vertidos de fecales y sobre todo las denuncias de las grandes demoras de los ayuntamientos en tramitar peticiones y reclamaciones vecinales, fueron los temas más recurrentes.
El municipio desde el que se presentaron más quejas a la Valedora, tras A Coruña con 394, fue Culleredo con 58 (muchas relacionadas con aperturas de locales durante el estado de alarma), seguido de Oleiros con 41 y Arteixo con 40. Culleredo también fue, tras la urbe herculina, el municipio que más protestó contra su Concello, con 21 asuntos, seguido de Arteixo con 16.
Uno de los casos más llamativos es el de un vecino que denunció la “inactividad” del Concello de Miño hace casi veinte años sin resultado y acudió a la Valedora el año pasado. Era un asunto en el que el Ayuntamiento debía ser el primer interesado porque un particular construyó un muro y una caseta invadiendo un camino municipal.
El Ejecutivo local explicó a la Valedora que esa denuncia de 2001 generó un expediente de reposición de la legalidad en 2008, en 2009 se archivó, después se volvió a abrir, en 2014 un informe técnico certificó que lo construido excedía la licencia, se propuso iniciar expediente de recuperación del vial y demoler el muro en 2015. El infractor alegó y no hubo resolución hasta junio de 2019, cuando se acordó abrir expediente de protección de la legalidad. El Ejecutivo reconoció a la Valedora el retraso por la escasez de personal.
También en Miño se presentó otra queja sobre la falta de tramitación de tres expedientes urbanísticos de 2019 sobre la declaración de fuera de ordenación y ampliación de licencia de actividad, proyecto de parcelación y de vivienda unifamiliar. La Valedora le recordó al Concello su deber de tramitar los expedientes con “eficacia, economía y celeridad” y en los plazos establecidos.
Un vecino de Sada presentó a la Valedora do Pobo una queja por una situación que tampoco admitiría demoras pero que suma trece años y aún está pendiente de resolver: una urbanización que fue entregada en 2007, con licencia de primera ocupación pero sin que el Ayuntamiento la recepción. Desde el primer día que se ocuparon las viviendas los propietarios sufrieron atascos de aguas fecales y malos olores por la deficiente ejecución de las tuberías.
El Ejecutivo explicó a los propietarios de las casas afectadas que la constructora no cumplió el deber de urbanizar y que usaría el aval depositado de 60.000 euros para ejecutar las obras de forma subsidiaria, arreglando las tuberías y el peligroso desnivel existente, y que pronto se contratarían los trabajos. La Valedora concluyó en su informe recomendando a Sada que “con urgencia” realice las actuaciones necesarias para poner fin a esta situación.
De Sada también figura otra queja de vertidos de fecales, en terrenos junto a viviendas. Los afectados quieren que se reconozca que el vertido procede de un pozo de bombeo municipal. El Concello contestó a la Valedora que fue un vertido puntual y no eran fecales pero este organismo fiscalizador rechazó la justificación y pidió que se estudie el problema “con urgencia”.
La Valedora actuó de oficio en un caso: la de la familia a la que el Concello de Oleiros le expropió la casa en Bastiagueiriño para hacer un parque con orden de desalojo en medio del confinamiento y constata que se resolvió de forma favorable porque tras contactar con el Ejecutivo se le amplió el plazo. En Cambre el alcalde pidió la intervención de la Valedora por problemas en las viviendas sociales de A Patiña durante el confinamiento que la gestora no atendía y que también se arregló tras su intervención.
