Todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos de Bens termina en los tribunales en los últimos años. El último caso, una resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TacGal) que ha anulado la resolución de la estación depuradora de aguas residuales (Edar) Bens por la que adjudicó el pasado mes de abril a la empresa Conteco por 1,7 millones el contrato de retirada de lodos, transporte y gestión de estos residuos no peligrosos que se generan tanto en esta planta coruñesa como en bombeos, pozos y depuradoras del resto de concellos que forman parte de esta empresa pública (Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo, además de A Coruña).
El tribunal alerta de destacadas infracciones, como el quitarle atribuciones a la mesa de contratación, que debía de ser la que abriese uno de los sobres de las ofertas y no el director general; y debía valorar las propuestas y no encargarlo a una empresa externa.
El Tribunal Administrativo anuló la adjudicación de Edar Bens a Conteco (ahora Gestán Conteco) al estimar el recurso que presentó la otra aspirante, Agroamb Prodalt, una empresa de Lugo especializada en la valorización de desperdicios del sector agroalimentario.
La empresa recurrente denunció que la apertura del tercer sobre de la calificación final no se hizo en un acto público y el TacGal concluye que efectivamente el órgano de contratación estaba obligado a hacerlo porque así figuraba en el pliego del contrato.
Este Tribunal Administrativo no obstante asegura en esta resolución que se realizaron “otras infracciones procedimentales si cabe aún más relevantes”. Cita que la mesa de contratación no abrió el sobre B de las ofertas de los licitadores ni se reunió para esta acción, lo que “es un nuevo elemento que impide dar validez a este procedimiento de licitación”. Precisa también que fue el director general el que lo abrió “por delegación” de la mesa, y el TacGal advierte de que esta función no es “delegable”.
Este órgano fiscalizador de la Xunta subraya además que no es cierto que la mesa de contratación valorase las ofertas técnicas, porque según el expediente remitido dicha valoración “se realizó exclusivamente por una empresa técnica” y la mesa de contratación solo se reunió para dar cuenta de la puntuación de las ofertas, pero sin llegar a analizarlas directamente.
“Resulta que los miembros de la mesa —con excepción del presidente— ni siquiera llegaron a ver el contenido de las diferentes ofertas”, añade el Tribunal de Contratación Pública, por lo que se incumpliría la ley de contratos. En el fallo el TacGal concluye que ante tales “defectos procedimentales” no se puede volver atrás y valorar de nuevo las dos ofertas sino que hay que anular la adjudicación, y por lo tanto volver a abrir otra licitación, lo que Edar Bens acaba de realizar.
Tras anular la adjudicación a Conteco, empresa que ya realizaba este servicio al ganar también el contrato en 2016, la Edar Bens acaba de anunciar que vuelve a sacarlo a licitación, con el mismo importe de 1,8 millones de euros (sin IVA). El plazo para presentar ofertas se cerrará en septiembre. De esta forma, este contrato que se licitó inicialmente en noviembre de 2020 tardará alrededor de un año en resolverse.
Dos años para adjudicar el anterior contrato
La gestión de los lodos, los residuos no peligrosos, también fue un culebrón de recursos en el anterior contrato: se adjudicó en julio de 2016 después de dos años de iniciarse la licitación, y después de dos recursos ante el Tribunal Administrativo, dos suspensiones cautelares y un pleito en el juzgado ante los recursos de otras aspirantes.
La gestión de la planta, también con pleitos
La propia explotación de las instalaciones de la planta de la Edar Bens también suma pleitos y hasta tres suspensiones por recursos. En 2019 se adjudicó el contrato a la UTE Sacyr, Valoriza, Agricultores de la Vega y Aguas del Mediterráneo, desbancando así a la anterior concesionaria desde 2015, Cadagua, en un contrato valorado en 11,3 millones de euros. Esta tramitación generó en casi un año recursos, modificación de los pliegos, impugnación de la adjudicación a Sacyr por parte de Cadagua y suspensiones de tramitación. Este contrato que se sacó a licitación en marzo de 2019 aún sigue en pleitos. El último lo acaba de resolver el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el pasado mes de mayo le dio la razón a Cadagua en que debe ser la adjudicataria del concurso en lugar de Sacyr. En esta sentencia figuran los votos discrepantes de dos magistrados que argumentan en contra de la fórmula que se aplicó para realizar la valoración para la adjudicación. El fallo del TSXG se puede recurrir ante el Supremo por lo que podría estirarse aún más.
