El Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el partido que lidera el bipartito de Carral, Alternativa dos Veciños —que gobierna junto al PSOE— contra un auto que sobreseyó su denuncia contra el exalcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño, por una obra que, presuntamente, se pagó sin haberse concluido, según denunció el partido del Ejecutivo carralés. La causa por los trabajos ya había sido archivada cuando la inició el PSOE, hace diez años, en aquel caso por el Juzgado de Instrucción número 3. El juez rechaza las alegaciones de nulidad por indefensión y ratifica la resolución precedente también al descartar que concurran los delitos de malversación y falsedad. El PP carralés incide en que la causa ha sido sobreseída, con este último auto, ya en tres ocasiones y cuestiona que “esta denuncia se haga en nombre del Concello, costeada con dinero público”.

La denuncia se interpuso desde el Gobierno de Alternativa, con fondos municipales, y se dirigió contra el exalcalde, el arquitecto técnico y la empresa adjudicataria de la obra, Canarga, por una obra de urbanización en la calle Souto de Castiñeiros, que preveían la construcción de aceras desde el inicio de la vía hasta el instituto. Los trabajos se proyectaron en 2009 y fueron recepcionados y abonados por el Concello en 2010 cuando, según denunció Alternativa, las aceras solo se habrían ejecutado “en un tramo inicial de unos 20 metros”, de los 70 que mide la calle, mientras que en el resto desaparecen en un lado y, en el otro, miden 40 centímetros de ancho en lugar de los 1,5 metros contratados y pagados.

La resolución que ahora se ratifica recordaba que, en las diligencias de 2011, abiertas por la denuncia del PSOE, se acordó por el juzgado solicitar un informe a un perito judicial sobre los trabajos y en él se concluyó que: “Medidas las unidades que están a la vista, se comprueba que se han ejecutado 12.887,32 euros de más de los 181.082,97 euros certificados”. “A la vista de tal informe pericial y con el informe previo del Ministerio Fiscal, se archivaron las actuaciones, por no ser los hechos constitutivos de delito”. La jueza dictó que “la conclusión será la misma que en las anteriores diligencias: archivar el procedimiento por no apreciarse actuación delictiva en la realización y pago del repetido proyecto de urbanización”.

La diferencia entre la denuncia de Alternativa y la interpuesta antes por los socialistas radicaba en los destinatarios, ya que el PSOE señaló al exalcalde, el interventor y la tesorera municipales. El PP de Carral critica que desde Alternativa “no denunciaron como partido, sino como Concello, y destinaron una partida para todos los gastos de abogado de 14.900 euros más IVA”. “Esa partida podría ser destinada a ayudas a comercio o hostelería, que les hace mucha falta, máximo en la época que vivimos ocasionada por la pandemia”, señalan los populares y sostienen que han pedido estas ayudas “en todos los plenos” y “siempre se pone la excusa de la deuda heredada, pero se está viendo que, según para qué cosas, siempre hay dinero”.