El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha rechazado el recurso de los herederos del dictador Francisco Franco contra la providencia que decretó la suspensión de la mudanza de los bienes muebles del pazo de Meirás hasta resolver los recursos de las administraciones y determinar si el mobiliario forma parte del inmueble.

El tribunal ha convocado a las partes a una comparecencia el próximo 22 de octubre para estudiar las cuestiones incidentales planteadas por el Estado y el Concello de Sada.

La jueza Milagritos Belso rechaza los argumentos de los Franco, que calificaron de extemporáneos los incidentes promovidos por el Estado y el Ayuntamiento sadense. La magistrada entiende que sí deben ser admitidos a trámite al amparo de la providencia de la Audiencia Provincial, que revocó el depósito cautelar de los bienes, pero que abrió la puerta a promover un incidente de ejecución para determinar qué elementos deben considerarse inseparables.

La jueza tampoco admite otro de los argumentos de los Franco, que alegaron que el incidente del Concello de Sada debía ser rechazado por falta de legitimación activa por ser un interviniente simple. La jueza da la razón a Sada e incide en que está amparado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, tal y como defendió el Concello.

El futuro del mobiliario de Meirás queda a expensas de la comparecencia fijada para el 22 de octubre. El Estado se limita a demandar la titularidad de 133 bienes de los 697 que relaciona el inventario de la Xunta. Se trata de bienes que considera inmuebles por destino o incorporación (que fueron colocados con vocación de permanencia y que no pueden ser retirados sin provocar un quebranto).

El Concello de Sada, más ambicioso, defiende en su incidente la improcedencia de retirar los muebles, obras de arte y otras piezas que fueron vendidas con el pazo en 1938, es decir de la época de Emilia Pardo Bazán y sus descendientes, y de todos aquellos elementos instalados posteriormente por el Estado y afectos al servicio como residencia oficial del jefe del Estado. El Concello de Sada se quedó solo en su reclamación. La Xunta y el Concello de A Coruña se limitaron a adherirse al incidente del Estado. Es más, el Gobierno gallego rechazó presentar un incidente alegando que en su calidad de parte adhesiva solo le correspondía adherirse al incidente del Estado., extremo que el juzgado desmiente en su resolución.

De los 133 bienes que reclama el Estado, los Franco aceptan que 78 sí deben tener la consideración de inmuebles, pero discrepa de los 55 restantes. Los herederos del dictador defienden su derecho a llevarse hasta el escudo del ducado de Franco de la fachada o el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán.

El alcalde de Sada, Benito Portela, expresó ayer su satisfacción por la resolución, que es firme, celebró que los Franco fracasasen en su intento de “expulsar al Concello del proceso” y expresó su deseo de que el resto de las partes sí apoyen su incidente en la comparecencia. "Gracias a Sada, el juzgado va a resolver sobre el conjunto de los bienes muebles", incidió rel regidor.

El proceso avanza sin que Xunta y Estado comuniquen ningún avance en la tramitación de la ampliación del BIC de Meirás para blindar los bienes.Se trata de un trámite que ha sido demandado insistentemente por las asociaciones memorialistas, el Concello de Sada y por el BNG y el PSdeG en el Parlamento, que advierten del riesgo de que los Franco puedan vaciar As Torres de Meirás en caso de que el juzgado rechace los incidentes del Estado y el Ayuntamiento sadense.