La letrada de la Administración de Justicia emitió ayer un decreto mediante el que estima una de las peticiones formuladas por la familia del dictador Francisco Franco y acuerda requerir al Estado para que “facilite el acceso a todas las instalaciones interiores y exteriores” del pazo de Meirás a los dos arquitectos elegidos por ellos para realizar el peritaje de los bienes muebles, para tener un informe antes de que se celebre el próximo 22 de octubre la comparecencia en el juzgado para estudiar los incidentes planteados por el Estado y el Concello de Sada con el fin de determinar el futuro de dichos bienes.
La familia Franco presentó esta petición en el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña, que ahora ha resuelto en un decreto de la letrada estimar esta petición.
Tras esta resolución el Gobierno central ahora debe fijar una fecha para dejar entrar a estos dos peritos para hacer un análisis de los bienes, sus anclajes y fijaciones. El estado en su incidente judicial demanda la titularidad de 133 bienes, que considera que no pueden ser retirados del pazo; y el Gobierno local de Sada amplía este número, en su respectivo incidente, a todas las obras de arte, muebles y otras piezas vendidas con el pazo en 1938, así como los incorporados posteriormente por el Estado.
Los descendientes de Franco presentaron una solicitud al juzgado hace unos días en la que proponían que se reclamase al Estado facilitar el acceso de dos arquitectos para valorar los bienes y realizar sus “informes periciales” pero también solicitaron una prueba testifical, que se interrogue como testigo al que fue guardés del pazo de Meirás hasta hace poco.
El juzgado hace unas semanas rechazó el recurso de los herederos del dictador contra la providencia que decretó la suspensión de la mudanza de los bienes del pazo hasta resolver los recursos de las administraciones y determinar si se pueden llevar los muebles o son parte del pazo. La familia Franco alegaron que eran recursos extemporáneos pero la magistrada resolvió que sí debían admitirse.
El Estado licita la vigilancia total del pazo
Un vigilante de seguridad las 24 horas del día los siete días de la semana en una central de vigilancia controlando las distintas cámaras y detectores; y otro vigilante de 06.00 a 22.00 horas de lunes a viernes laborales. Además, rondas nocturnas laborables y festivos. Numerosas cámaras de vigilancia de hasta doce megapíxeles y grabación, detectores de humo, sensores de temperatura y de monóxido de carbono, focos infrarrojos, videoportero, sistemas anti inhibición, detectores volumétricos (que saben diferenciar personas de mascotas). Así será el sistema de vigilancia del pazo de Meirás, que licitado (justo el día en el que una serie de la TVG recrea un ficticio robo en el pazo) el Gobierno central por 274.984 euros durante un año.
Suárez Picallo, dolida por negarles un acto
La Asociación Cultural Suárez Picallo de Sada ha enviado cartas al director general de Patrimonio del Estado y al secretario de Estado de Memoria Democrática para comunicar su “profundo malestar por la arbitrariedad y desigualdad de trato” en relación con la concesión de permisos por parte del Estado para organizar actos en los jardines del pazo de Meirás. Este colectivo solicitó permiso para realizar, el pasado agosto, un acto en homenaje a los sadenses víctimas del Franquismo, asesinadas en 1936. La respuesta del Ejecutivo central a su petición fue “la no procedencia” del mismo “en atención a la situación jurídica actual del inmueble y demás circunstancias específicas”. La entidad cultural Suárez Picallo, sin embargo, vio cómo un mes más tarde, el pasado día 16 de septiembre, la Xunta celebró un acto institucional en los jardines del pazo de Meirás, concretamente la entrega de las Medallas Emilia Pardo Bazán, en su tercera edición, con las que se reconocen las acciones en favor de igualdad de oportunidades para construir una sociedad más justa y solidaria. El colectivo precisa que no cuestiona los méritos de las tres galardonadas con estos premios pero sí el hecho de que este evento se convirtiese “en un acto político” con asistencia de varias autoridades de la Xunta. Consideran que se ha producido una “desigualdad de trato” que “duele” además de sorprenderles y preocuparles. Recuerdan que en la directiva de la asociación están los autores del libro cuya documentación sirvió de base para la demanda judicial que logró recuperar Meirás para el patrimonio público.
