En noviembre de 2019 el Ayuntamiento de Cambre eliminó la plaza de jefe de Planeamiento y Gestión del área de Urbanismo, ocupada, desde 2008, por un arquitecto y funcionario de carrera que, entre otras funciones, supervisa la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), actualmente en marcha. El funcionario, al entender que se trataba de una persecución personal, recurrió la decisión primero ante el Concello, que desestimó su petición, y, luego, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de A Coruña. El juez ha emitido este mes una sentencia denunciando que la eliminación de la plaza no derivó de una “mejor organización de los medios y recursos humanos” del Ayuntamiento sino que se realizó “ad personam”, es decir, contra la persona del funcionario, y obliga, en consecuencia, a anular la decisión y a reponerlo en su puesto. El Ayuntamiento recurrirá.

Según la reclamación interpuesta por el funcionario, la decisión deriva de que mantiene una “mala relación” con el jefe de área de Urbanismo y Régimen Interior, lo que le llevó a solicitar varias comisiones de servicios en los últimos años para trabajar en otras administraciones. Afirma que sufrió, a manos de este cargo, “una situación de acoso laboral”, con actuaciones como amenazas de expedientes disciplinarios, interferencias u órdenes directas a su personal.

Según el demandante, se intentó evitar que se reincorporarse a Cambre, tras su última comisión de servicios, y el jefe de área le impidió intervenir en la supervisión de la redacción del PGOM y acceder a la documentación de tramitaciones urbanísticas. Según el funcionario, el jefe de área dio instrucciones para contratar a un arquitecto interino al que asignarle estas funciones, que le correspondían al demandante por las competencias de su plaza, según figuraba en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal antes de que el texto fuese cambiado para eliminarla.

El juez no entra a valorar si existió una situación de acoso perseguible, pues no es objeto de la demanda, pero sí que entiende que hubo un “vaciamiento progresivo” de las funciones y competencias de la plaza del funcionario, y entiende, por la forma en la que se realizó, que el fin buscado era “distinto a la eficaz y eficiente organización de los recursos humanos”. En lo referente al seguimiento de la elaboración del PGOM, critica que la función se asignase, “sorpresivamente”, a un interino contratado “apenas unos días después” de que el demandante se reincorporarse al Ayuntamiento tras finalizar una comisión de servicios. Las pruebas testificales, resalta el magistrado, no han dado una “explicación razonable” a la necesidad de nombrar un interino. Por todo ello, revoca la eliminación de la plaza.

Recurso y pleno extraordinario

La decisión del juez fue evaluada por la asesoría jurídica de la Diputación, que presta este servicio al Ayuntamiento, y el órgano provincial determinó que “procede la interposición” de un recurso de apelación contra ella. El jefe de Urbanismo y Régimen Interior realizó un informe favorable a interponer el recurso, y el regidor, Óscar García Patiño, a quien corresponde la decisión, lo ha ratificado a través de una resolución de alcaldía, por lo que el Concello acudirá a los tribunales.

El grupo municipal del BNG pedirá un pleno extraordinario para “aclarar públicamente lo sucedido, exigir responsabilidades políticas, limpiar el buen nombre de un funcionario” y arrojar luz sobre lo que, en palabras del concejal Dani Carballada, es “urbanismo especulador basado en prácticas ilegales de Unión por Cambre”.

Los nacionalistas denuncian la “gravedad” de apartar al arquitecto titular de un PGOM que se encuentra “deliberadamente paralizado”, de las “modificaciones urbanísticas que permiten pelotazos” y de las “obras más importantes”. Acusan al Ayuntamiento de haber situado, en el lugar del funcionario cuya plaza se suprimió, a un “titulado con contrato de obra”, cuyo empleo está sujeto, según el BNG, “al capricho del alcalde”.