El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña ha dado la razón al Ayuntamiento de A Coruña y al Consorcio As Mariñas y ha rechazado la pretensión de la empresa UTE Albada de resolver el contrato de tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos en Nostián. La empresa también solicitó daños y perjuicios.

La Junta de Gobierno Local de A Coruña acordó en noviembre de 2019 imponer a Albada la continuidad de la prestación del servicio de tratamiento de la basura y la empresa presentó un recurso en el juzgado contra esta decisión, demandando al Concello y al Consorcio.

Albada consideró que se infringió la ley respecto a la duración del contrato y el derecho del concesionario a finalizarlo. Denunció también que el Concello no fue diligente a la hora de sacar una nueva licitación y que no puede continuar con la concesión porque la Declaración de Efectos Ambientales impidió la construcción de un depósito de rechazos y de un vaso de vertido y eso le llevó a un desequilibrio en las cuentas.

El Concello recordó que una de las cláusulas del contrato indicaba que la duración máxima eran veinte años, con posibilidad de prórrogas tácitas de un año hasta un máximo de cinco, y al finalizar el contratista “queda obligado a continuar prestando el servicio” hasta que haya nuevo concurso y el nuevo adjudicatario se haga cargo de la gestión.

El Consorcio se sumó a esta alegación y agregó que tiene un convenio con la entidad desde 2001 para tratar la basura de la comarca y entonces ya conocía “las limitaciones de la declaración de efectos ambientales”. El juzgado resolvió que en el contrato se fijaba un máximo de duración de 65 años incluidas prórrogas, por lo que el “límite legal” no se ha cumplido. Recordó que en una de las cláusulas también se indicaba que se asumía la gestión del servicio “a su riesgo y ventura”.

El juez también rechazó que hubiese falta de diligencia en la Administración al hacer una nueva licitación porque el Concello aportó facturas de contratos y peticiones de documentación dirigidos a preparar la nueva contratación, como informes de costes y planes de viabilidad, estudio geotécnico, solicitud de documentación a la empresa y demás, dos años antes de la expiración del plazo inicial de duración.

La sentencia también asegura que no existe “nexo causal” entre la declaración ambiental y la ruptura del equilibrio económico de la concesión y recuerda que en 2019 los tribunales ya resolvieron que no existía tal desequilibrio (Albada reclamó entonces 3,3 millones anuales al Concello). La sentencia no es firme, se puede apelar.