A veinte días de la vista para dirimir la titularidad de los bienes del pazo de Meirás, la Consellería de Cultura se ha sumado al Concello de Sada e insta por carta al Estado a ampliar la relación de elementos a reivindicar para incluir, entre otros, los muebles, obras de arte y piezas de decoración de la época de Emilia Pardo Bazán y sus descendientes. Los técnicos comparten los argumentos del Concello de Sada, que ya en abril instó al Estado a demandar estos bienes alegando que la escritura de venta de As Torres de 1938 recogía explícitamente que el pazo se vendía “con todo cuanto dentro del edificio existe” (salvo la biblioteca de la condesa, que la heredera regaló al dictador).
En una comparecencia ante los medios, el secretario xeral técnico de la Consellería de Cultura, Manuel Vila, detalló que los técnicos de Patrimonio y los expertos jurídicos ven acreditada la titularidad pública de 49 bienes que no fueron reclamados por el Estado. Como ya informó este diario, la Abogacía del Estado defendió en su incidente de ejecución que debían permanecer en Meirás hasta 133 piezas que considera bienes inmuebles por destino o incorporación, es decir, "inseparables" del pazo (balaustradas, hórreos, cruceiros, bancos de piedra o los grupos escultóricos del jardín o los elementos de la capilla, entre otros).
Los herederos del dictador Francisco Franco coinciden en que 78 de los 133 elementos que reivindica el Estado deben permanecer en Meirás, dado que no podrían ser retirados sin dañar el inmueble, pero discrepan sobre los 55 restantes, que sí pretenden llevarse, incluidos el escudo del Ducado de Franco de la fachada o el sepulcro que mandó labrar Pardo Bazán. La Xunta apunta ahora que a los 133 bienes que reclama el Estado deben sumarse otros 49: 29 de ellos de la etapa de Pardo Bazán y otros veinte, incorporados por la dictadura y, que en opinión de los técnicos, están afectos a la jefatura del Estado.
El secretario xeral técnico de Cultura explicó que el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha remitido una carta al secretario de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para instarle a reclamar esos 49 bienes. A preguntas de los periodistas, Manuel Vila, apuntó que la reclamación puede hacerse en el presente procedimiento para dirimir qué elementos deben permanecer en Meirás o en una acción reivindicatoria que tiene que plantear el Estado como propietario (aún provisional) del pazo. Preguntado por los motivos por los que la Xunta no planteó un incidente de ejecución, como sí hizo el Concello de Sada, sostuvo que es competencia del Estado, como titular del inmueble. “Entendemos que no tenemos competencia, parece razonable que reclame quien tiene la titularidad de la propiedad. La Xunta no puede reclamar el bien de un tercero”, argumenta Manuel Vila.
Su tesis es contraria a la que mantiene la asesoría jurídica del Concello de Sada que, en calidad de administración codemandante, presentó un incidente de ejecución de la sentencia, que ha sido admitido a trámite, para defender la titularidad pública de los elementos que fueron vendidos con el pazo en 1938 y los incorporados ya en la dictadura y que quedaron afectos a la Jefatura del Estado. Ninguna Administración respaldó su incidente. Xunta, Diputación y Concello de A Coruña se limitaron a adherirse a la petición del Estado. La Xunta no solo no apoyó el incidente de Sada, sino que dejó constancia en su escrito de contestación de que este era “en gran parte de sus extremos incompatible con si tesis”. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha refrendado el derecho de Sada a recurrir por esta vía, en contra de lo que alegaron los Franco, que intentaron apartar al Concello del proceso alegando que no estaba legitimado. El próximo día 22 todas las partes tendrán la oportunidad de exponer su postura en la vista.
El BIC, en tramitación
El delegado provincial de la Xunta, Gonzalo Trenor, y el secretario xeral técnico de Cultura, Manuel Vila, avanzaron ayer ya que el proceso para declarar Bien de Interés Cultural los bienes del pazo de Meirás vinculados al sitio histórico está muy avanzado. Los responsables autonómicos explicaron que llegaron a un acuerdo con el Estado para resolver el conflicto de competencias y que, previo paso a la incoación del expediente BIC, la Consellería de Cultura firmará un convenio con el Estado, titular provisional del pazo, que le faculte para abrir el expediente.
La apertura del expediente BIC fue solicitada formalmente a mediados de mayo por el Estado y el Concello de Sada, en base a la Lei de Patrimonio, que estipula que este trámite puede iniciarse por “petición de cualquier persona física o jurídica” siempre que esté “razonada y documentada” y que la Xunta dispone de seis meses para pronunciarse.
Los responsables autonómicos evitaron ayer concretar cuántos elementos incluirán en el anexo de bienes vinculados al pazo y esperan incoar el expediente en “uno o dos meses”. Se trata de una vía que no fue reclamada solamente por Sada y el Estado, sino también por las entidades memorialistas para intentar evitar su retirada o, al menos, poder seguirles la pista en caso de que el juzgado desestime la demanda de titularidad. Manuel Vila incidió en que trabajan mano a mano con los técnicos estatales y recalcó que su declaración BIC no supone en ningún caso un reconocimiento de la titularidad y no garantizaría por sí sola su continuidad en Meirás. Sobre las estautas del Mestre Mateo, declaradas BIC, y cuyo traslado fue solicitado por los Franco el pasado noviembre, los reponsables autonómicos explicaron que todavía no han respondido a la petición y recalcaron su intención de hacer lo posible porque permanezcan en Galicia.
El informe de Patrimonio Nacional, en tela de juicio
Desde la Xunta apelan a la importancia de ser prudentes y cautelosos en esta causa y llaman la atención sobre su complejidad. Precisamente estos días, un juzgado de Madrid ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar la denuncia de los Franco contra una técnica de Patrimonio Nacional por el informe de anexo al inventario sobre la titularidad de los elementos del pazo.
