Operarios de la empresa adjudicataria comenzaron hoy las labores de vallado del edificio El Náutico para proceder a su demolición. Como avanzó este diario, el Concello de Sada adjudicó los trabajos a Demoliciones Javier Ares por 124.000 euros. La concesionaria dispone de mes y medio de plazo para reducir a escombros esta antigua cafetería construida al amparo de una licencia concedida por el gobierno de Ramón Rodríguez Ares, por entonces líder del PP, en 1990.
La demolición de esta construcción al borde de la playa se realizará veinte años después de que el Tribunal Supremo ratificase la anulación de los acuerdos plenarios de 1988 y 1990 por los que se autorizó este inmueble al tener mayor ocupación de la permitida por el planeamiento vigente, extremo denunciado por el entonces concejal Manuel Sánchez Pérez, Crisanto. En 2009, el Concello concedió licencia a la concesionaria para una demolición parcial que se estimó en 422.720 euros más 68.151 de obras de urbanización posterior. No se cumplió el plazo de la licencia para legalizar y el Concello no aceptó la prórroga pedida por la sociedad, decisión confirmada por el juzgado.
La demora del Concello de Sada en proceder a la demolición de esta antigua cafetería, en estado de abandono desde hace años, propició la inhabilitación durante seis meses de Ramón Rodríguez Ares. Tres años después de que la Justicia condenase al histórico regidor, el alcalde del PP, Ernesto Anido, rescató por decreto la concesión del derecho el superficie de la parcela, previo pago de 37.000 euros. El rescate, sobre la campana del mandato, suscitó las críticas de la oposición. Los grupos recordaron que el plan general aprobado inicialmente dejaba fuera de ordenación El Náutico, sobre el que pesaba una orden de derribo parcial, y lamentaron que el Ayuntamiento pagase por un edificio ilegal pese a que la extinción del derecho "iba a ser gratuita".
Los trámites para demoler El Náutico se reactivaron durante el pasado mandato y abrieron una fisura entre los socios de Gobierno, Sadamaioría, PSOE y BNG. Sadamaioría se quedó sola en el pleno de septiembre de 2018 que debatía su propuesta de habilitar una partida de 206.000 euros para proceder al derribo. La formación que lidera Benito Portela defendió sin éxito que se trataba de un edificio ilegal, con orden firme de derribo y sin encaje en el PXOM, que incluía el ámbito en un sistema general de zonas libres donde no se permiten edificaciones más allá de aseos públicos, quioscos o terraza-bar de nueva construcción. Socialistas y nacionalistas pusieron el acento en el hecho de que tras el rescate de la concesión, El Náutico pasó a ser un "edificio 100% municipal" y apelaron a un informe de 2010 del arquitecto municipal contrario a la demolición total de lo construido y acusaron a Sadamaioría de modificar el PXOM a "sus espaldas" para reducir los posibles usos en la parcela. Tras un tenso debate, el pleno acordó con los votos del PP, PSOE y BNG dejar sobre la mesa la propuesta de habilitar una partida para la demolición para analizar las posibilidades de su legalización parcial.
Las diferencias entre socios fueron a más tras notificar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al Concello que en 2010 había dictado una providencia por la que archivaba las actuaciones de ejecución de la sentencia de derribo. La existencia de ese auto llevó a PSOE y BNG a desmarcarse totalmente de sus socios y defender la legalización parcial de El Náutico para uso público. Socialistas y nacionalistas defendieron en las últimas elecciones municipales la recuperación de este edificio para fines culturales, recreativos o sociales.
Tras la victoria de Sadamaioría en los últimos comicios, en los que logró alzarse como la fuerza más votada, los tres grupos que conforman ahora el Ejecutivo local (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) suscribieron un pacto de gobierno que incluía el derribo de El Náutico. El acuerdp recogía concretamente abordar la reordenación del borde litoral para "una mejor integración", negociar con Costas un estudio de detalle que determinase los usos posibles en la parcela de El Náutico "una vez demolido" y "estudiar la viabilidad urbanística y económica de la ejecución de un área de piscinas descubiertas" tal y como proponía el BNG.
Con el cambio de gobierno, los trámites para demoler este edificio se reactivaron. El presupuesto de 2020 incluyó finalmente una partida para el derribo y a finales de ese año sacó a concurso las obras. PP y PSOE recurrieron hasta el final las obras y presentaron varias mociones a pleno que fueron rechazadas. Conservadores y socialistas defendieron que el derribo era una cuestión de "voluntad política" y esgrimieron un informe del arquitecto municipal del pasado diciembre que recogía que "no podía afirmarse que no existiese una alternativa a la demolición integral que pudiese satisfacer las diferentes determinaciones legales". El Ejecutivo municipal incidió en que esta cafetería no tenía encaje en el plan general y el alcalde, Benito Portela, llamó la atención sobre el impacto paisajístico y patrimonial de esta edificación a pie de costa y próxima al Bien de Interés Cultural La Terraza de Sada. El regidor apeló a otro informe del arquitecto municipal que concluía que la demolición se ajustaba a las estipulaciones del Plan do Litoral y de las Directrices de Ordenación do Territorio y de la Lei do Solo y que suponía "una mejora ambiental y paisajística para el ámbito en el que se sitúa”, extremo al que apelaban también especialistas de la Universidad de A Coruña en otro informe.
La salida a concurso de los trabajos de demolición llevó al grupo Vecinos Unidos Sada a convocar una protesta a la que se sumaron alrededor de treinta personas y, a continunación, a llevar a cabo una "okupación pacífica" del edificio, en la que participaron alrededor de cinco personas. El promotor de esta protesta, Manolo Cotos, apeló al déficit de edificios públicos en Sada e instó al Gobierno local, especialmente al BNG, a reconsiderar su postura y someter el fututo de este edificio "cien por cien público" a una consulta ciudadana.
Sus protestas no calaron en el Ejecutivo municipal. No habrá amnistía para El Náutico. El Concello ha formalizado el contrato para la demolición tras rechazar el enésimo recurso del PP. Operarios vallaron hoy la zona para comenzar las labores de desmontaje. Comienza la cuenta atrás, en mes y medio, este edificio, para ,muchos, símbolo de los desmanes urbanísticos de la derecha en Sada, será historia.
Para Sadamaoría, el derribo hace justicia a la lucha de Manolo Cristanto. Para sus socios del BNG, es una cesión para alcanzar un acuerdo de gobierno; para Alternativa dos Veciños, un "asunto zanjado". Y para PP y PSOE, una oportunidad perdida.
