Operarios de la empresa adjudicataria iniciaron ayer las labores de vallado de la antigua cafetería El Náutico de Sada para proceder a su demolición. Como avanzó este diario, el Concello adjudicó los trabajos a Demoliciones Javier Ares por 124.000 euros. La concesionaria dispone de mes y medio de plazo para reducir a escombros esta antigua cafetería construida al amparo de una licencia del Gobierno de Ramón Rodríguez Ares, por entonces líder del PP, en 1990.
La demolición de esta construcción al borde de la playa comienza transcurridos más de veinte años después de que el Tribunal Supremo ratificase la anulación de los acuerdos plenarios de 1988 y 1990 que ampararon su ejecución por permitir una ocupación mayor de la permitida por el planeamiento vigente, extremo denunciado por el entonces edil Manuel Sánchez Pérez, más conocido como Crisanto. En 2009, el Concello concedió licencia para una legalización parcial que se estimó en 422.720 euros más 68.151 de obras de urbanización. La empresa incumplió el plazo y el Concello se opuso a la petición de una prórroga, decisión confirmada por el juzgado.
La demora del Concello en demoler de esta cafetería, en estado de abandono desde hace años, propició la inhabilitación durante seis meses de Ramón Rodríguez Ares. Tres años después de que la Justicia condenase al histórico regidor por desobediencia, el alcalde del PP, Ernesto Anido, rescató por decreto la concesión del derecho de superficie de la parcela, previo pago de 37.000 euros. El rescate, sobre la campana del mandato, suscitó las críticas de la oposición, que recordó que el plan general aprobado inicialmente dejaba fuera de ordenación El Náutico, sobre el que pesaba una orden de derribo parcial, y lamentó que el Concello pagase pese a que la extinción del derecho “iba a ser gratuita”.
Los trámites para demoler El Náutico se reactivaron durante el pasado mandato y abrieron una fisura entre los socios de Gobierno: Sadamaioría, PSOE y BNG. El grupo municipal Sadamaioría se quedó solo en el pleno de septiembre de 2018 que debatía su propuesta de habilitar una partida de 206.000 euros para proceder al derribo. La formación que lidera Benito Portela defendió sin éxito que se trataba de un edificio ilegal, con orden firme de derribo y sin encaje en el PXOM, que incluía el ámbito en un sistema general de zonas libres donde no se permiten edificaciones más allá de aseos públicos, quioscos o terraza-bar de nueva construcción. Socialistas y nacionalistas incidieron en que tras el rescate de la concesión, El Náutico pasó a ser un “edificio 100% municipal” , apelaron a un informe de 2010 del arquitecto contrario a la demolición total y acusaron a Sadamaioría de cambiar el PXOM a “sus espaldas” para reducir los usos en la parcela. Tras un tenso debate, el pleno acordó con los votos del PP, PSOE y BNG dejar sobre la mesa la habilitación de una partida para la demolición para analizar las posibilidades de su legalización parcial.
Las diferencias entre socios fueron a más tras notificar el TSXG al Concello que en 2010 había dictado una providencia por la que archivaba las actuaciones de ejecución de la sentencia de derribo. La existencia de ese auto llevó a PSOE y BNG a desmarcarse totalmente de sus socios y defender en la última campaña electoral la legalización parcial de El Náutico para uso público.
Tras la victoria de Sadamaioría en los últimos comicios, los tres grupos que conforman ahora el Ejecutivo local (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) suscribieron un pacto de gobierno que incluía el derribo de El Náutico. El acuerdo pasaba por negociar con Costas un estudio de detalle que determinase los usos posibles en la parcela de El Náutico “una vez demolido” y “estudiar la viabilidad urbanística y económica de un área de piscinas descubiertas” tal y como proponía el BNG.
El presupuesto de 2020 incluyó finalmente una partida para el derribo y a finales de ese año el Concello sacó a concurso las obras por 207.000 euros. PP y PSOE recurrieron hasta el final y presentaron varias mociones que fueron rechazadas. Conservadores y socialistas defendieron que el derribo era una cuestión de “voluntad política” y esgrimieron un informe del arquitecto municipal que recogía que “no podía afirmarse que no existiese una alternativa a la demolición integral que pudiese satisfacer las diferentes determinaciones legales”. El Ejecutivo replicó que esta cafetería no tenía encaje en el plan general, llamó la atención sobre el impacto paisajístico y patrimonial de esta edificación a pie de costa y próxima a La Terraza de Sada y apeló a otro informe del arquitecto que concluía que la demolición se ajustaba a las estipulaciones del Plan do Litoral y la Lei do Solo y que suponía “una mejora ambiental y paisajística para el ámbito en el que se sitúa.
La salida a concurso de los trabajos de demolición llevó al grupo Vecinos Unidos Sada a convocar una protesta y a llevar a cabo una “okupación pacífica” . El promotor de esta protesta, Manolo Cotos, apeló al déficit de edificios públicos en Sada e instó al Gobierno local, especialmente al BNG, a reconsiderar su postura y someter el futuro de este edificio “cien por cien público” a una consulta ciudadana.
Sus protestas no calaron en el Ejecutivo municipal. No habrá amnistía para El Náutico. El Concello ha formalizado el contrato para la demolición tras rechazar el enésimo recurso del PP. Operarios vallaron ayer la zona para comenzar las labores de desmontaje. Comienza la cuenta atrás, en mes y medio, este edificio, para la izquierda, un símbolo de los desmanes urbanísticos de la derecha en Sada, será historia. Para Sadamaioría, el derribo hace justicia a Manolo Crisanto y permitirá recuperar un espacio degradado. Para sus socios del BNG, es una cesión para alcanzar un acuerdo de gobierno; para Alternativa dos Veciños, un “asunto zanjado”. Y para PP y PSOE, una oportunidad perdida.
