El próximo 22 de octubre está prevista una vista crucial para dirimir la titularidad de los bienes del pazo de Meirás. Sobre la mesa, dos incidentes de ejecución. El de la Abogacía del Estado, que reclama 133 elementos que considera "inseparables" de As Torres, y el del Concello de Sada, que va más allá y defiende la condición pública de los bienes de la época de Emilia Pardo Bazán y sus herederos (que según recoge la escritura fueron vendidos con el pazo en 1938) y de los que se incorporaron durante la dictadura, que quedaron afectos a la Jefatura del Estado y que, en su opinión, deben tener la consideración de bienes inmuebles por destino.

La Xunta ha apoyado solamente la demanda del Estado.Argumenta que como Administración codemandante no está legitimada para presentar un incidente de ejecución, potestad que considera exclusiva del Estado como titular, aún provisional, del inmueble. Sus argumentos son muy similares a los que esgrimieron los Franco para intentar apartar al Concello de Sada del proceso y que fueron rechazados por el juzgado, que refrendó el derecho del Ayuntamiento sadense a recurrir por esta vía al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aunque el juzgado ha admitido a trámite los dos incidentes, la Xunta solo ha manifestado públicamente su apoyo al del Estado y hoy en el Parlamento evitó aclarar si en la vista se adherirá también al del Concello de Sada. La Consellería de Cultura guarda silencio sobre este punto, a pesar de que hace unos días se pronunció en un sentido similar al Concello de Sada e instó por carta al Estado a reclamar los bienes de la època de Emilia Pardo Bazán que no fueron recogidos en el incidente y que fueron vendidos con el pazo en 1938. El departamento que dirige Román Rodríguez apuntó también a la existencia de veinte elementos afectos a la Jefatura del Estado que tampoco aparecían recogidos en el recurso estatal.

A pesar de coincidir en parte con los argumentos del Ayuntamiento sadense, especialmente en lo relativo a la necesidad de demandar la titularidad pública de los bienes de los tiempos de la condesa Pardo Bazán y sus descendientes que fueron vendidos con el pazo, la Consellería de Cultura ha enviado una pericial al juzgado en la que se limita a apoyar el incidente del Estado sin pronunciarse sobre el incidente del Concello de Sada y sin incluir tampoco como anexo esos 49 elementos que considera preciso reclamar, ya sea en el presente procedimiento o en una futura acción reivindicatoria del Estado. La Xunta tampoco ha dado traslado de ese informe a las otras administraciones demandantes, a pesar de que el Concello de Sada se lo solicitó formalmente tras tener conocimiento de su existencia por la prensa dado que, entiende, podría servir de apoyo a su demanda.

El BNG preguntó hoy en la comisión de Justicia del Parlamento si la Xunta iba a apoyar en la vista el incidente de ejecución de Sada. El diputado nacionalista Luís Bará lo preguntó en su primera intervención y, tras no obtener respuesta, reiteró la cuestión en el turno de réplica. Tampoco obtuvo respuesta. La directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua, no mencionó al Concello de Sada en ninguna de sus intervenciones, reiteró que la Xunta, en calidad de administración codemandante, apoya la reclamación de la Administración General del Estado, "única legitimada para ejercer las acciones oportunas", en alusión, supuestamente a una futura acción reivindicativa. La responsable autonómica apeló hasta en diez ocasiones al trabajo conjunto entre el Estado y la Xunta tanto a nivel jurídico como administrativo, con los trámites para ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural para incluir un anexo con los bienes vinculados a este sitio histórico. Recalcó que esta distinción en ningún caso supone un reconocimiento de propiedad, pero impone una serie de límites para garantizar su conservación y su acceso público.

La Dirección Xeral do Patrimonio evitó también marcar plazos para la incoación del expediente y apuntó a la importancia de realizar un exhaustivo trabajo previo para establecer qué bienes tienen un valor singular que merezcan esta distinción. En una comparecencia la semana pasada, el secretario xeral técnico, Manuel Vila, evitó también concretar fechas, aunque apuntó que los trámites estaban muy avanzados y estimó que el expediente estaría listo para su incoación en "uno o dos meses".