El Consello Consultivo ha rechazado la reclamación patrimonial de 126.000 euros que presentó la promotora O Meu Lar contra el Concello de Sada. La constructora exigía al Ayuntamiento que asumiese la multa que le interpuso la Xunta por vender cinco pisos de los bloques de la Avenida Sada y sus Contornos y Fiunchedo antes de obtener la preceptiva licencia de primera ocupación.

O Meu Lar basaba su reivindicación en el perjuicio que le causó el retraso del Concello en otorgarle licencia de primera ocupación, que reclamó dos veces, la segunda en 2010, pero que no obtuvo hasta 2013 (aunque posteriormente fue revocada por mandato judicial tras anularse la licencia que amparó la construcción). Apuntaba en su reclamación que obtuvo licencia de construcción en 2005 y que, finalizada la obra de uno de los edificios, solicitó licencia de primera ocupación, que le fue denegada al entender el Concello, como después ratificó el juzgado, que no se trataba de obras independientes al estar amparadas por una única licencia, y el segundo bloque no estaba finalizado.

En 2010, volvió a reclamar la cédula de habitabilidad, que el Concello denegó en 2011. La promotora denuncia que recurrió esta denegación por vía administrativa y que, tras no obtener respuesta, recurrió a la Justicia que, en 2013, le dio la razón y ordenó al Ayuntamiento concederle los permisos. O Meu Lar apela a los perjuicios que le ocasionó este retraso, al que achaca que se viese obligada a pagar una multa de 126.000 euros al Instituto Galego de Vivenda e Solo por transmitir cinco viviendas antes de obtener la cédula de habitabilidad, extremo denunciado en 2016 por el Ayuntamiento,

El Consultivo exime al Concello del pago de los 126.000 euros que le reclama O Meu Lar. Concluye que los perjuicios alegados “se deben únicamente a la conducta conscientemente transgresora de la legalidad” de la demandante. Incide que el retraso en obtener la licencia de primera ocupación no obligaba a la promotora a vender pisos sin la preceptiva licencia, “todo lo contrario”, recalca, le obligaba a no trasmitirlas hasta tener los permisos en regla, “con lo que evitaría la sanción y mantendría la posibilidad de reclamar la responsabilidad patrimonial al Concello”.

Tampoco acepta el Consultivo que el Concello obrase de mala fe al informar en 2016 de la venta de cinco pisos antes de obtener la cédula de habitabilidad: “No cabe achacar mala fe a una administración pública cuando cumple con el deber de velar por el respeto a la legalidad en materia de vivienda en su territorio”, concluye.

La licencia que amparó la construcción de estos dos bloques fue anulada en 2013, momento en que el Concello decretó la suspensión de los permisos de primera ocupación. El Ayuntamiento, que se enfrenta a una indemnización millonaria por la anulación de la licencia de construcción de 2005, ultima la contratación del derribo de forma subsidiaria de uno de los edificios, el de Fiunchedo, que los propietarios intentan legalizar a través de un plan especial. El futuro del otro bloque, el de Sada y Contornos , pende de la aprobación de un proyecto de legalización, todavía en trámites.