El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha aceptado la alegación de los nietos del dictador Francisco Franco y ha aplazado la vista sobre los bienes muebles del pazo de Meirás para dar tiempo a los peritos contratados por la familia a elaborar el informe. Como ya informó este diario, los hermanos Martínez Bordiu presentaron un escrito en el que denunciaban vulneración del “principio de igualdad de armas” por el escaso tiempo concedido para elaborar la pericial. Los Franco acusaron al Estado de demorar hasta el 8 de octubre apertura del pazo a sus peritos, solo cuatro días hábiles antes de la fecha límite para entregar el documento, hoy, viernes 15.
El juez Francisco Javier García Aponte dictó ayer una providencia en la que aplaza la vista al entender “razonada” la petición de los Franco. El magistrado no señala nueva fecha y apunta que se realizará un nuevo señalamiento “una vez comprobada la disponibilidad de la sala de vistas donde se va a celebrar el acto”.
La vista tiene por objeto dirimir qué bienes pueden retirar los Franco del pazo tras el auto de la Audiencia Provincial que revocó su depósito cautelar argumentando que la sentencia que ordenó devolver As Torres al Estado se limitaba al continente, es decir, inmueble y fincas. Sobre la mesa, dos incidentes de ejecución. Uno presentado por la Abogacía del Estado, que defiende la permanencia de 133 elementos que considera inmuebles por destino o incorporación, “inseparables” del pazo. Otro, del Concello de Sada, que va más allá y defiende la titularidad pública de los bienes de Emilia Pardo Bazán y sus descendientes que fueron vendidos con As Torres en 1938 y los incorporados por el Estado en la dictadura y que, argumenta, quedaron afectos a la Jefatura del Estado.
El Gobierno avanzó que se adherirá a la petición de Sada, aunque entiende que solo su incidente tiene encaje en el “restrictivo” auto de la Audiencia. Los Franco intentaron sin éxito apartar al Concello de Sada por falta de legitimación, extremo rechazado por el juez, y discrepan sobre 55 de los 133 bienes que reclama el Estado.
