Dos policías autonómicos estacionaron en el puente de A Pasaxe el pasado 31 de diciembre de 2020 a la altura de lo que quedaba de la Casa Carnicero que estaba siendo demolida por orden del Ayuntamiento de Oleiros. Esos dos agentes ya fueron a declarar la pasada semana al Juzgado de Instrucción Número 8 de A Coruña, dentro de la denuncia del Ministerio Fiscal contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; la concejala de Urbanismo, María Xosé Varela; la asesora urbanística Gloria de la Montaña; y el arquitecto municipal, José Luis Jares. Los cuatro son investigados como autores de un posible delito contra el patrimonio histórico por derruir este inmueble protegido que había sufrido un incendio unos meses antes.

De momento no están previstas más declaraciones a corto plazo. El juez instructor está a la espera de que las partes pidan o no que se realicen nuevas diligencias antes de decidir nuevos testimonios.

Los policías autonómicos que declararon fueron los que llegaron alertados por un particular e intentaron paralizar el derribo pero técnicos municipales les enseñaron el expediente y la resolución de que se había informado a la Dirección Xeral de Patrimonio a las 14.40 horas. La Casa Carnicero se demolió totalmente a las 15.00 del día de Fin de Año. Los agentes identificaron al alcalde, al concejal de Urbanismo, al responsable de la empresa López Cao que ejecutaba la demolición así como al jefe de obra y al encargado, además de al propio operario de la grúa. El jefe de la patrulla intentó contactar con alguien de Patrimonio, pero a aquella hora, en el último día del año, le fue imposible, por lo que la demolición siguió adelante.

El Ministerio Fiscal considera que hay “indicios suficientes” para considerar que en el derribo de Casa Carnicero (comprada por el Concello a los propietarios días antes) pudo producirse un delito. Considera “llamativos” detalles como que la Alcaldía no adoptase “ninguna de las medidas de conservación del edificio que venían siendo recomendadas”, ni siquiera el apuntalamiento de las fachadas o la instalación de una red para evitar la caída de cascotes. Considera además que no queda claro que se pudiese producir un “colapso” del edificio de forma inmediata ya en Año Nuevo y subraya la “celeridad” del Concello en demoler, lo que “impidió que la Administración autonómica tuviese tiempo de reaccionar”. También considera “llamativo” que se adjudicase “de manera directa y sin concurso alguno” la obra de derribo.