El departamento municipal de Intervención del Concello de Culleredo puso 248 reparos, todos suspensivos, a gastos por un total de 8,3 millones de euros a lo largo de 2020, como recoge el informe a la Conta Xeral del pasado ejercicio. En todos los casos, los reparos se interpusieron por “omisión de requisitos esenciales”, señala en el documento la funcionaria, que en varias ocasiones ha advertido de la ilegalidad de las contrataciones verbales, de que no deben fraccionarse contratos para tramitarlos como menores y de que los grandes contratos de servicios pendientes deben tramitarse para su regularización. Culleredo presta en precario desde hace años servicios como la ayuda a domicilio, el abastecimiento de agua, la limpieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes y jardines y la iluminación.
El Ayuntamiento asegura que ultima detalles de los pliegos para licitar “de forma inminente”, la ayuda a domicilio y el mantenimiento de zonas verdes. Calcula que los primeros servicios que regularizará podrán empezar funcionar con contrato en vigor en el segundo trimestre de 2022. El Concello afirma que los siguientes servicios que sacará a contratación serán la iluminación pública, la limpieza viaria y el agua. Los dos últimos acumulan años de retraso, al punto de que el Ayuntamiento anunció en enero de 2018 que preveía licitarlos en el primer semestre de aquel ejercicio, es decir, hace más de tres años. El contrato del agua, en concreto, se presta en precario desde junio de 2015, cuando caducó el anterior, y el Gobierno local llevó a pleno su contratación en marzo de 2016, pero la retiró al informar en contra la secretaria.
El Gobierno local incide en la “necesidad de personal que tiene el Ayuntamiento, como muchos otros, para agilizar trabajo en áreas como ésta”. En los contratos menores, el Ejecutivo que dirige el socialista José Ramón Rioboo prevé intentar “cambiar bases y presupuestos para intentar ofrecer un marco como en otras administraciones en las que funcionan sin problemas los contratos menores”.
La Intervención cullerdense recoge también en su informe a la Conta Xeral de 2020 que, de los 12,2 millones de euros de contratación administrativa, 8,14 millones se contrataron por adjudicación directa, frente a los 4 millones contratados por procedimiento abierto. De los 8,14 millones adjudicados a dedo, la mayoría, 5,39 millones de euros, corresponden a contratos de servicios, ámbito del que solo 1,21 millones se tramitaron por procedimiento abierto. En contratos de suministro, fueron 1,78 millones los de adjudicación directa y 514.214 en obras, sin embargo, se contrataron por procedimiento abierto 2,38 millones de euros y 514.214 euros tramitados por procedimiento abierto.
El BNG considera que haber adjudicado de forma directa el 67% de los contratos “es algo tan grotesco por desproporcionado que es difícil de asimilar”. “En ningún otro concello se llega al 67% de lo gastado por la vía de la contratación, al margen de los procedimientos, por adjudicación directa, y con reparos de Intervención, que este año fueron todos por omisión de requisitos esenciales’”, sostiene el portavoz nacionalista, Antón Chouciño.
