El Gobierno de Sada aprobó ayer en solitario licitar el servicio de ayuda en el hogar por 2,7 millones. PSOE y PP se abstuvieron. Esta prestación básica y esencial saldrá de nuevo a contratación tras anular el anterior concurso el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, que aceptó un recurso de la Asociación de Pequeñas Empresas Gallegas contra el estudio económico. El Ejecutivo ha incrementado en un 44% el presupuesto en esta segunda licitación. El valor estimado del contrato (que incluiría los dos años y otros dos de prórroga) pasa de 4,3 a 6,2 millones por el incremento del precio por hora y las horas totales del servicio. La memoria prevé ahora 76.906 horas anuales a 17,06 euros más IVA, explica el regidor.

La contratación de ayuda en el hogar prosperó entre críticas del PSOE por la renuncia del Ejecutivo municipal a remunicipalizar este servicio. La concejala socialista María Pardo le echó en cara a Sadamaioría, Alternativa dos Veciños y BNG “no ser capaces en seis años” de realizar las gestiones oportunas para que la gestión directa de este servicio básico y esencial. El Ejecutivo municipal adujo que había estudiado la posibilidad de remunicipalizar esta prestación, pero que habían desistido finalmente por la necesidad de ofrecer una “solución inmediata” y antes la dudas de que el Concello pudiese asumir con la necesaria inmediatez imprevistos en el servicio, como la cobertura de bajas.

La sesión dio luz verde también al proyecto de rehabilitación de la piscina, cerrada desde enero. El proyecto asciende a 589.000 euros y se financiará a través de un convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que otorgara un préstamo de casi medio millón de euros a Sada a devolver a ocho años. La oposición le echó en cara al Ejecutivo la demora en actuar. El PP se mostró especialmente duro y le afeó al Gobierno local que tardase tanto en atender las quejas de usuarios, que presentaron ya un escrito en enero de 2020. La edil de Deportes, María Nogareda, negó que se hubiesen desoído las quejas y apuntó que inicialmente se pensó que los desperfectos podían subsanarse mediante una intervención menor pero que posteriores inspecciones evidenciaron la necesidad de una actuación integral.

El delegado de USO Juan Leiva asistió al pleno en señal de protesta por la demora del Concello en reactivar las aportaciones al plan pensiones y las ayudas sociales. En respuesta a una queja del sindicato, el Defensor del Pueblo acaba de responder que pidió explicaciones en dos ocasiones al Concello sin obtener respuesta.