El alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), tendrá que declarar el 18 de enero del próximo año como investigado por un supuesto delito de desobediencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha citado al regidor tras la denuncia interpuesta por un promotor, Gervasio Brasa, que le acusa de “entorpecer” y “dilatar” la orden de demolición de los edificios de Camiño de Fiunchedo y Avenida Sada y Contornos con licencia anulada por sentencia firme en 2014.

La jueza Natalia Paz Domínguez acaba de emitir un auto en el que apunta que los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia de un delito de desobediencia de autoridades o funcionarios” y acuerda incoar diligencias previas y tomar declaración en calidad de investigado al alcalde y, como testigos, al técnico de Administración Xeral de Urbanismo, el arquitecto y la secretaria municipal’.

Los dos edificios con orden de derribo que han propiciado estas diligencias contra Benito Portela fueron ejecutados al amparo de una licencia concedida en 2005 durante el mandato de Ramón Rodríguez Ares y se erigen como el principal frente urbanístico que tiene abierto el Concello, que se enfrenta a una reclamación patrimonial millonaria. Precisamente, el Superior ordenó hace unos meses al Concello fijar las garantías, que un juzgado cifró en 2016 en más de cuatro millones de euros. El juzgado llegó a apercibir al alcalde por la demora de los trámites de derribo con una multa de 500 euros, aunque finalmente fue revocada por el TSXG.

El promotor Gervasio Brasa alega en su denuncia que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 dictó un auto en 2017 en el que instaba al alcalde a realizar los trámites necesarios para demoler estos edificios, con un total de 58 viviendas, y en el que marcaba como fecha tope el 1 de abril de 2018 (aunque el juzgado accedió posteriormente a moratorias, la última hasta mayo de 2020).

“El denunciado nada ha hecho para dar cumplimiento a la demolición. Lo único que se ha hecho es pedir prórroga tras prórroga, aparentando que cumple con el mandato del juzgado, cuando en realidad lo que hace es entorpecer la ejecución dilatándola en el tiempo y no realizando ninguna actuación real y efectiva”, argumenta el denunciante en un escrito al que ha tenido acceso este diario. Entre otros extremos, denuncia que el alcalde intentó inicialmente legalizar uno de los edificios con una licencia que fue anulada posteriormente por el juzgado y que posteriormente promovió un incidente de ejecución en base al proyecto de legalización de uno de los bloques presentado por la promotora a pesar de que “es jurisprudencia unánime que la presentación de un proyecto de legalización no puede amparar al alcalde para ejecutar la demolición”. “Es del todo revelador que, a día de hoy, pasados 17 meses desde que el alcalde solicitó la paralización de la ejecución, no haya resolución sobre dicha licencia de legalización, cuando el plazo máximo para resolver sobre su concesión o no es de tres meses”, incide Gervasio Brasa, que llama la atención sobre el hecho de que el Concello sacó a concurso hace 19 meses la demolición del bloque de O Fiunchedo y aún no ha adjudicado las obras. Afirma además que el Ayuntamiento presentó en diciembre de 2020 en el juzgado una propuesta de planificación de los trabajos que supone “una auténtica burla” al pedir otros dos años de plazo.

El Concello ultima la contratación de la ejecución subsidiaria del derribo del bloque de O Fiunchedo tras dos años de trámites. Tras meses sin avances, la mesa de contratación acordó en septiembre dar unos días de plazo a las empresas aspirantes para enmendar la documentación antes de proceder a la contratación. El último documento colgado en el perfil del contratante tiene fecha del pasado 30 de septiembre y recoge la puntuación que le corresponde a los licitadores por la reducción de los plazos. La comunidad de propietarios intenta legalizar el edificio contra reloj a través de un plan especial de reforma interior que todavía no se ha resuelto.

El Ayuntamiento todavía no ha sacado a contratación el derribo del edificio de Sada y sus Contornos. En un escrito, alegó que el promotor había presentado un proyecto de legalización en julio de 2020 que tramitaban los servicios técnicos y que, paralelamente, el Concello había aprobado la memoria técnica de demolición y trabaja en la licitación y atribuyó la demora en la falta de personal en Urbanismo y la “situación excepcional originada por la pandemia”.

No es la primera vez que el promotor Gervasio Brasa denuncia en los juzgados la actuación de los responsables políticos por este promoción urbanística. Anteriormente, este promotor denunció por prevaricación y un delito contra la ordenación del territorio al exalcalde Abel López Soto y la exedil de Urbanismo María Xosé Carnota. La denuncia archivada al no apreciar ni el juzgado ni la Audiencia indicios de delito.