El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos ha acordado el archivo de las actuaciones seguidas contra los denominados 19 de Meirás, los activistas que participaron en la toma simbólica del pazo de Meirás realizada el 30 de agosto del 2017. Estos 19 militantes del BNG, que fueron denunciados por los nietos del dictador Francisco Franco, accedieron al recinto y desplegaron pancartas contra el franquismo y exigiendo la devolución del inmueble.

En su auto, la magistrada subraya que “no puede atribuirse la responsabilidad a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico, individualizado o discriminado”, ya que no puede determinarse “en ninguno de los investigados, en concreto, la causación de los diversos daños”. Concluye que, al no aparecer “debidamente justificada la perpetración de los delitos, así como persona individualmente responsable de los mismos”, debe dictarse el sobreseimiento provisional y archivo de la causa frente a los 17 investigados. La resolución no es firme.

El juzgado basa la resolución en los argumentos del Tribunal Supremo, que declaró en marzo de 2021 el archivo de las actuaciones seguidas, por su condición de aforado, contra el diputado Néstor Rego. que participó en esta toma simbólica. El Alto Tribunal consideró entonces que no concurría el delito de odio previsto ni tampoco un delito de allanamiento de morada, pues los querellantes “no son un grupo minoritario que requiera una especial protección” y accedieron al pazo cuando se estaba desarrollando una visita guiada.

Sobre el delito de daños, el Supremo entendió que la actuación de cada interviniente en el acto en el que se produjeron los daños en la cubierta y muros del pazo de Meirás “no puede ser individualizada” y subrayó que “tampoco resultaba acreditada la intención dolosa y conjunta por parte de los partícipes en la reivindicación de llegar al acuerdo de producir dichos daños”.

Los 19 de Meirás celebran como una “victoria” el archivo de la causa y se declaran “enormemente orgullosas e orgullosos” de lo que hicieron aquel agosto de 2017 con la ocupación simbólica del Pazo para denunciar “el expolio perpetrado por el franquismo” y reclamar “la devolución de todo lo robado al pueblo gallego”, en palabras de su portavoz, Anxo Louzao.

Los activistas apelan inciden en que ha quedado “absolutamente demostrado que el pazo fue robado al pueblo” y reclaman su transferencia a Galicia cuando culmine el proceso judicial.