El Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos ha decretado el sobreseimiento y archivo de la de denuncia interpuesta por la Fiscalía, en 2013, a la que se adhirió el Concello de Miño (gobernado entonces por el PP) y el PSOE, por supuesta falsedad documental en la obra del bulevar de A Carreira, en Miño. El Ayuntamiento miñense alertó de “graves desviaciones”, con un desajuste que rondaba los 500.000 euros en esta obra millonaria, la de mayor cuantía ejecutada por el Concello.
La jueza Sonia Rey ha dictado un auto en el decreta el sobreseimiento de la causa al considerar que, de las diligencias practicadas, “se concluye que no existen indicios suficientes para entender cometidos los delitos denunciados”.
La magistrada detalla en su auto que la Fiscalía exponía en su demanda que el presupuesto de ejecución de la obra ascendía a 5.205.597 euros y apuntaba a un desajuste y la certificación de partidas que no se habían ejecutado. La jueza concluye en cambio que la pericial aportada “constata que las obras están totalmente ejecutadas, ascendiendo el valor final a 5.396.520 euros, por lo que no se acredita la existencia del delito denunciado”.
La adjudicataria de los trabajos, Espina y Delfín, hizo ayer públicas las conclusiones del auto que, inciden, ha adquirido firmeza al no ser recurrida por ninguna de las partes.
La empresa destaca que la investigación y posterior resolución judicial “ha corroborado el buen proceder de Espina y Delfín”, representada por el despacho de abogados Garrigues. “Ha quedado probado que donde la Fiscalía apreció en su día un posible sobreprecio de 454.444 euros, en realidad hay un saldo a favor de la empresa de 192.922 euros por haberse ejecutado más obras de la certificada”, apuntan desde la empresa.
El Concello de Miño acata la sentencia que, incide, no comparte. El Gobierno local, del PSOE, hace otra lectura del fallo que, sostiene, “viene a decir es que no se pudo demostrar el sobrecoste, pero no afirma que no lo hubiese”: “Al ser un decreto de sobreseimiento provisional nos reservamos el derecho a recurrir en un futuro si aparecen nuevas pruebas”, apuntan desde el Ejecutivo socialista.
