El Concello de Arteixo deberá abonar una indemnización de 127.046 euros, más intereses legales a contar desde 2018, a un vecino que acudió a los tribunales por el incumplimiento de un convenio urbanístico que fue suscrito en el año 2002 para la construcción del paseo fluvial del río Bolaños. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso municipal presentado contra la sentencia de primera instancia, que había estimado parcialmente el recurso de este particular. Según el pacto firmado hace 19 años, el demandante sería compensado por la cesión de los terrenos para el paseo con un aprovechamiento urbanístico, que se concretaría en el nuevo plan general, todavía sin fecha para su aprobación.
La Junta de Gobierno Local acordó recientemente quedar enterada del contenido del último fallo dictado por el Tribunal Superior y no recurrir debido “a las escasas posibilidades de éxito y de imposición de las costas procesales”, ya que el recurso debería ser presentado ante el Supremo y ser admitido a trámite.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña estimó parcialmente, a principios de este año, la demanda y condenó al Concello a compensar a este vecino con 127.046 euros más los intereses desde junio de 2018, momento en que solicitó por escrito en el Consistorio el cumplimiento del convenio sin obtener respuesta. En una Junta de Gobierno local celebrada a mediados de febrero, el Ejecutivo municipal que preside el popular Carlos Calvelo acordó recurrir el fallo. Ahora el Concello ha agotado la vía judicial sin éxito.
No es la primera vez que la Justicia condena a Arteixo por el incumplimiento de los convenios para ejecutar el paseo fluvial. En los últimos años, la Justicia ha dado la razón a varios propietarios que cedieron terrenos por el incumplimiento del acuerdo.
Han pasado casi veinte años de la aprobación de los convenios, suscritos durante el gobierno de Manuel Pose (PP) y el plan general, que en aquel momento se encontraba ya “en redacción” sigue sin fecha de aprobación.
El Concello todavía no ha presentado para su evaluación ambiental el documento de inicio. El municipio, que ha experimentado un importante crecimiento por su elevada actividad industrial y su proximidad a la ciudad, se rige por las normas subsidiarias de 1995. A falta de plan general, un instrumento que todos los partidos consideran clave para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible, el Concello arteixano ha recurrido a modificaciones urbanísticas puntuales o a planes especiales.
El alcalde, Carlos Calvelo, prometió en la campaña de las municipales de 2011 que este documento urbanístico estaría listo en su primer mandato, es decir, en 2015.
La demora en la tramitación del plan general ha sido motivo reiterado de quejas por parte de los grupos de la oposición.
