El 10 de diciembre de 2020 tuvo como protagonistas, en una jornada inolvidable para los presentes, a unas llaves. Las del pazo de Meirás, que aquel mediodía lluvioso pasaron por diversas manos: primero, de las de la jueza, Marta Canales, a las de la Abogada del Estado, Consuelo Castro, en la Torre de la Quimera. Luego, ante un auditorio compuesto por medio centenar de medios de comunicación, que dejaban testimonio de la relevancia del trance histórico en el vestíbulo del edificio, la letrada se las legó a la subsecretaria de Hacienda. Con ese gesto, el pazo de Meirás pasaba a formar parte del patrimonio del Estado.
Los implicados asistieron al momento con emoción, pero también con cierta prudencia: con el recurso de la familia Franco sobre la mesa, la entrega adquiría el carácter de provisional. El sentimiento fue unánime entre los presentes: “Es un gran paso, pero falta mucho camino”. Una percepción que, un año más tarde, se ha demostrado cierta. El traspaso de llaves cumple mañana su primer aniversario con varias incógnitas todavía sobre el futuro del edificio: desde sus posibles usos o la gestión de las visitas, hasta qué ocurrirá con los bienes interiores, sobre cuya titularidad litigan, a día de hoy, el Estado y la familia Franco en los tribunales.
Titularidad
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña fue demoledora en fondo y tono, al considerar que la Junta Pro Pazo regaló la propiedad al jefe del Estado, y no al dictador a título particular. El escrito valoró la compra posterior de 1941 como “una simulación” y tachó a los herederos de Franco de propietarios de “mala fe”. Tras la ejecución provisional de la sentencia, que se escenificó con la entrega de llaves del 10 de diciembre, la Justicia dio la de cal: la Audiencia Provincial ratificaba, tres meses después de la euforia de aquel día, y previo recurso de los herederos del militar golpista, que el pazo era de propiedad pública, pero condenaba al Estado a pagar una indemnización a los Franco por los gastos de mantenimiento contraídos desde 1975. Los jueces descartaron entonces “mala fe” en la posesión, porque nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y “llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños”. Aunque en un principio el Gobierno declinó interponer recurso, el ejecutivo central finalmente decidió recurrir el fallo al Tribunal Supremo, al igual que el resto de administraciones implicadas: local, provincial y autonómica. La familia Franco hizo lo propio, esgrimiendo como argumentos para reclamar la titularidad del edificio la ocupación “pacífica” a la que hacía referencia la sentencia de la Audiencia Provincial. La propiedad de Meirás, un año después del traspaso de llaves, sigue pendiente del fallo del Supremo.
Bienes interiores
Con el continente en el limbo, el contenido de Meirás está inmerso en su propio proceso independiente para determinar a quién pertenecen los muebles, obras de arte y demás objetos que albergaba el pazo en el momento de la ejecución de la sentencia. Un proceso que ha pasado por distintas fases y en el que, de nuevo, los nietos de Franco se tendrán que ver las caras con el Estado, la Xunta, la Diputación y ayuntamientos de Sada y A Coruña en una vista pública que se celebrará los días 13 y 14 de enero. La vista viene precedida por varios aplazamientos y vaivenes, que empezaron cuando la Audiencia revocó el depósito cautelar de estos objetos argumentando que no habían sido reclamados por el Estado, que solo había demandado la propiedad del edificio y su entorno. Todas las administraciones, de nuevo, recurrieron el dictamen, pero solo el Estado y el Concello de Sada presentaron incidentes de ejecución, que diferían en la cantidad de bienes que debían permanecer o no en Meirás: En el suyo, el Estado reclamaba exclusivamente los bienes considerados inmuebles por destino o incorporación, es decir, los que fueron colocados con vocación de permanencia o que no puedan retirarse sin provocar un quebranto, lo que hace un total de 133 bienes de los 675 inventariados.
Sada, por su parte, reivindica su totalidad, salvo los que la familia acredite haber adquirido tras morir Franco. La Xunta, la Diputación y el Concello de A Coruña optaron por adherirse al incidente del Gobierno central, y los Franco por defender su derecho a llevarse todo, salvo 78 elementos inseparables de Meirás. Con todo, el Estado anunció su intención de presentar un recurso para reclamar los bienes que considera de Patrimonio Nacional. Más tarde, la Xunta apuntó que, a los 133 bienes que reclama el Estado, debían sumarse otros 49: 29 de ellos de la etapa Pardo Bazán y otros 20 incorporados más tarde y afectos a la jefatura del Estado. La Xunta declaró recientemente haber llegado a un acuerdo con el Estado para declarar los bienes ligados al sitio histórico como Bien de Interés Cultural. Todas las partes tendrán la oportunidad, en definitiva, de exponer sus argumentos sobre a quién pertenecen los tesoros de Meirás el próximo enero.
Usos y visitas
Un debate subyacente latía, tras el de la titularidad, el día de la entrega de llaves: sus posibles usos, para los que había, sobre la mesa, propuestas dispares. Mientras que unos abogaban por convertir el lugar en un espacio de reparación y memoria histórica, otros demandaban dedicarlo al estudio y difusión de la obra y la figura de su ideóloga, Emilia Pardo Bazán. Otros sectores reclaman la integración de estos usos o la transformación del espacio en un lugar a disposición de la ciudadanía para actividades culturales, educativas o de ocio.
Por el momento, y a la espera de que se resuelvan los sucesivos pleitos que afectan a Meirás y a sus tesoros, los encargados de guiar los recorridos son los guías oficiales y los técnicos municipales de Turismo de Sada. Los recorridos se limitan, a día de hoy, únicamente a los espacios exteriores, debido a la situación jurídica que afecta al interior, y se realizan los fines de semana. Los nuevos itinerarios incorporan, desde el cambio de manos, nuevos enclaves, como la Granja de Meirás y sus jardines o la casa de Josefa Portela, que forma parte de los terrenos incorporados a la propiedad en 1938, además de una exposición que narra la historia del lugar en clave democrática.
