No es habitual que todos los grupos políticos de la Corporación local de Arteixo se pongan de acuerdo en un asunto. Ayer sucedió en una sesión plenaria extraordinaria convocada por el Gobierno local para abordar la propuesta extrajudicial presentada por Aqualia para poner fin al conflicto por la disolución de la antigua empresa mixta de aguas del municipio, Augarsa. Los 21 concejales dieron su voto favorable a esta oferta, que supondrá que el Concello reciba 7,5 millones de euros y se ponga fin a la vía judicial tras más de un lustro de lucha encarnizada en los tribunales. Inicialmente, el Ejecutivo municipal reclamó a Aqualia 26 millones en concepto de perjuicios al municipio e incumplimientos contractuales.

“Hoy terminamos este procedimiento judicial. Es la máxima indemnización en la historia de la recuperación de servicios públicos que hace una empresa privada a un ayuntamiento. No hay otro caso como el de Arteixo”. Estas fueron las palabras que pronunció el alcalde, Carlos Calvelo, para referirse al final de este conflicto entre el Concello y Aqualia, que comenzó en 2013 con la intervención y disolución de la empresa mixta Augarsa y que acabó judicializado por ambas partes. El regidor también señaló que ahora el Gobierno local está centrado en la puesta en marcha de la nueva empresa pública que gestionará el servicio del agua, que se denominará Servizos Urbanos Municipais de Arteixo S.A. (Sumarte S.A.).

Los grupos de la oposición, antes de la votación, ya avanzaron su intención de dar su visto bueno a la oferta de Aqualia tras conocer los informes técnicos favorables y la recomendación del abogado externo que defiende al Ayuntamiento en este caso, que consideró que debe suscribirse “por resultar muy probablemente más ventajosa económicamente” para la Administración local “que la que cabe esperar de la continuación de la tramitación judicial”.

Aqualia, según recoge la proposición, realizará un pago de 9,6 millones, de los que hay que descontar 2,1 millones como canon concesional pendiente de amortizar que el Concello recibió de la empresa, con lo que el montante queda establecido en 7,5 millones. Los conceptos que la empresa reconoce que deben ser indemnizados son: plan de inversiones pendiente de ejecutar por la parte privada (2,6 millones de euros), reducción del valor patrimonial de la red de agua (4,4 millones), rellenos del depósito de Pastoriza (542.828 euros), gastos y honorarios por la intervención de Augarsa (121.469 euros) y el interés legal desde 2014 (1,8 millones).

El portavoz del PSOE, Simón López, explicó que su “el grupo socialista cree conveniente cerrar ya esta etapa de judicialización del conflicto que genera incertidumbre para el Concello” y recriminó al PP ser el responsable de crear el problema, ya que fue el regidor popular Manuel Pose el que aprobó la puesta en marcha de Augarsa hace ya más de quince años. Además, indicó que los socialistas apuestan por “una gestión pública del agua 100%”.

El BNG, según manifestó el edil Raúl Fernández, pidió que el dinero de esta indemnización repercuta en los residentes del municipio. “Esperamos que este ingreso sea invertido en beneficio de los vecinos, dotándolos de servicios y también de contenidos y actividades culturales, además en la medida que las competencias lo permitan, en la creación de empleo”.

Por su parte, el concejal no adscrito, Antonio Patiño, afirmó que “el acuerdo extrajudicial es una solución viable para poner a un conflicto judicial que viene de años atrás” y que “la solución alcanzada posiblemente no sea perfecta, pero sí que es un buen acuerdo para ambas partes”.

El Concello y Aqualia acuerdan así fijar estas cantidades para liquidar el contrato suscrito en 2005 entre las dos partes, así como el expediente municipal de reclamación de cumplimiento y daños.

Augarsa era una empresa mixta compuesta por el Concello y Aqualia que gestionó el servicio del agua en el municipio entre el año 2005 y 2013. Desde el principio se trató de un servicio deficitario que acarreó problemas en el suministro y en el que el Concello arteixano invirtió cinco millones de euros en obras pese a los reparos de Intervención, que recordaba que estas mejoras eran responsabilidad de la empresa mixta. Con la llegada de Carlos Calvelo a la Alcaldía en 2011, las relaciones entre las partes privada y pública se tensaron.

La empresa entró en concurso de acreedores y el Gobierno local decidió intervenir el servicio. El Concello rescindió el 15 de julio de 2013 el contrato de Augarsa por supuesto incumplimiento culpable de la parte privada. A partir de este momento arrancó el periplo judicial que se terminará ahora con este acuerdo.