El Ayuntamiento de Cambre ultima los trámites para la contratación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que lleva tres años en precario, desde que venció el contrato con la concesionaria que presta el servicio, O Espertar, y tras varios obstáculos que han demorado el proceso. El Ayuntamiento solicitó el pasado mes de noviembre aclaraciones a varias empresas que habían presentado ofertas y, en la actualidad, la técnico de Servicios Sociales prepara el correspondiente informe tras recibirse respuestas de las concursantes.

El contrato salió a concurso el pasado mes de febrero, por 2,4 millones de euros (IVA incluido) y por dos años, prorrogables otros dos. En marzo, al finalizar el plazo de recepción de ofertas y tras un recurso presentado por UGT, el Concello decidió, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, frenar la tramitación. El Gobierno local admitió “deficiencias” y “fallos” en los pliegos, por lo que se dispuso a elaborar otra documentación para llevarla a pleno y abrir otro periodo de presentación de ofertas con nuevos pliegos.

UGT recurrió el pliego de cláusulas y condiciones particulares del contrato y su memoria económica al considerar que no se respetaba el convenio colectivo, se bajaba el valor de la hora y se “licitaba a la baja”, sin incluir, además, la actualización del IPC. El Ejecutivo municipal estimó “parcialmente” las alegaciones del sindicato y decidió “enmendar” los fallos detectados en los pliegos, aunque defendió que sí cumplían el convenio colectivo del sector. En junio, el Concello publicó una rectificación del anuncio de licitación, en la que se elevaba el presupuesto a 2,78 millones de euros (IVA incluido). El total de horas anuales a prestar se estimó en 73.460, como recoge la diligencia de la secretaria municipal en la que se hace constar que la modificación del pliego había sido aprobada en pleno el 27 de mayo.

La empresa que presta el servicio en la actualidad resultó adjudicataria del servicio en septiembre de 2016 por un plazo de dos años y por 1,1 millones de euros. Había sido contratada de emergencia el mes de abril anterior al caducar la anterior adjudicación sin estar lista la licitación.

El caso de la septuagenaria cambresa que cuida a su hijo gran dependiente, Josefina Iglesias, ha llevado a los grupos de la oposición a reclamar que se revise el servicio y se garantice la adecuada atención al usuario. Las portavoces de Ciudadanos y EU, María José García Hidalgo y Olga Santos, respectivamente, recuerdan que se trata de un servicio que contrata el Ayuntamiento e incidieron en que está en precario.

La vecina denunció que, pese a la situación sanitaria, acuden a su domicilio a atender a su hijo hasta cinco auxiliares distintas, desde que a principios de mes comenzó a recibir la prestación por la modalidad de dependencia —con más horas de atención y que presta la Xunta— en lugar de por libre concurrencia, como hasta ahora. Criticó también desajustes horarios. El Concello vio “imposible” que acudan solo una o dos auxiliares y prometió intentar realiza ajustes cuando haya vacantes.