Una lectura a las 788 páginas del expediente de información pública que tramita el Ministerio de Transportes para aprobar el proyecto de la conexión entre la autopista AP-9 y la tercera ronda (AC-14), el conocido vial 18, revela que hay una importante contestación social por parte de los vecinos de la zona y que existe un “principio de acuerdo” entre el departamento estatal y el Concello de Culleredo. ¿En qué consiste este pacto? El Ejecutivo central considera viable la creación de una carretera local que discurra de forma paralela a la infraestructura principal, que daría servicio a los residentes de toda la zona, aunque la condiciona a la realización de “un estudio más detallado”. Esta vía, que llega tras mantener varias reuniones con el Ejecutivo local, conectaría el Monte Alfeirán, Laxe, A Xeca y A Zapateira.
Los estudios preliminares realizados por la Demarcación de Carreteras concluyen que, “en principio, técnicamente su encaje es viable”, aunque “con la necesaria reserva de un estudio más detallado en la siguiente fase del proyecto”. El informe elaborado por Transportes señala que “este viario de mejora de la conexión local permitiría el flujo y la movilidad entre el entorno del Monte Alfeirán, Laxe, A Xeca y A Zapateira y cumpliría todos los requerimientos de la orden de estudio de esta actuación, así como satisfaría las demandas del Ayuntamiento de Culleredo, al ser una actuación que redundará en beneficio de sus ciudadanos, por lo que se aconseja un estudio en profundidad para concluir su viabilidad”.
Este principio de acuerdo alcanzado por las dos Administraciones públicas llegó después de que a lo largo de 2019 y los primeros meses de 2020 el Concello y el departamento estatal mantuviesen conversaciones para tratar de resolver y solventar las cuestiones planteadas, según recoge el expediente.
El pacto alcanzado con Culleredo también incluye que Transportes realizará un estudio “más detallado” de la red de drenaje” de pluviales de la actuación para no sobrecargar el sistema actual y que se incorporarán al proyecto “todas aquellas actuaciones correctivas que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica” con la instalación de pantallas sonoras.
Hasta ahora apenas habían trascendido detalles sobre el estado del proyecto del vial 18. El pasado mes de agosto, el Gobierno central informó que se recogerían las alegaciones que presentó el Concello para que la infraestuctura diese servicio a los vecinos de zonas como el Monte Alfeirán, Castro Laxe o Vilaboa y así se pueda mejorar su movilidad. El delegado del Gobierno central, José Miñones, aseguró, tras mantener un encuentro con el alcalde, José Ramón Rioboo, que todas esas peticiones que formuló el Gobierno cullerdense “han estado en consideración” por parte de la Demarcación de Carreteras “para tenerlas previstas en ese modificado del proyecto necesario”, pero no llegó a concretar de en qué consistirían estos cambios en la infraestructura.
El delegado del Gobierno, José Miñones, señaló tras la reunión que las alegaciones del Ejecutivo cullerdense serían incorporadas al proyecto para que “se haga un vial 18 acorde a las necesidades del Ayuntamiento”. También explicó que esta actuación estaba pendiente entonces “de un informe del Sergas para lo que es el estudio previo” y que “se ha reclamado” y que se espera que “en breve” ya esté listo para poder “darle continuidad” a la “exposición pública” de esta actuación.
El Ejecutivo municipal, del PSOE, había incidido en su demanda de que la infraestructura no supusiese una barrera o división en el territorio que dificultase los enlaces entre los distintos núcleos de población. En sus reclamaciones, el Concello alertó, además, del impacto que tendría el vial en las carreteras y vías del entorno, en la línea de lo que habían denunciado vecinos afectados, quienes advirtieron de que la red viaria de la zona se vería saturada.
El Ministerio de Transportes inició a mediados del pasado año el trámite de evaluación ambiental del proyecto revisado para de esta nueva conexión viaria, que discurre por terrenos de los concellos de A Coruña y Culleredo. Esta es la segunda vez que el departamento estatal tiene que realizar esta tramitación, ya que en el primer intento, que comenzó en 2015, no logró superarlo al detectarse varias irregularidades en los pasos seguidos para aprobar la propuesta de trazado. El Gobierno central se vio obligado a reiniciar el proceso por completo. Lo retomó a principios de 2019, cuando de nuevo expuso al público la propuesta.
