La noticia saltó el pasado miércoles en el Concello de Sada cuando el alcalde, Benito Portela, desveló, tras una pregunta del PSOE, que está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Betanzos por un delito de prevaricación omisiva por supuestamente no tramitar multas a locales de hostelería. La Fiscalía Provincial de A Coruña presentó una denuncia después de que el exjefe de la Policía Local pusiese esta situación en su conocimiento. Ahora, el antiguo responsable del cuerpo policial del municipio habla. “Mi obligación era dar trámite al Juzgado y a la Fiscalía porque había denuncias de vecinos”, asegura.

El exjefe del cuerpo policial explica que el origen de esta investigación se encuentra en 2020, cuando detectó que había varias reclamaciones por parte de vecinos ante diversos sucesos en locales. A raíz de esto, según relata, empezó a indagar si se estaban tramitando los correspondientes expedientes administrativos y constató que el “Concello no tenía conocimiento”, con lo que decidió informar a la Fiscalía, que decidió continuar adelante con esta denuncia.

Recientemente, el fiscal remitió un escrito al juzgado en el que solicita que se tome declaración en calidad de investigados al alcalde y a una concejal para aclarar lo ocurrido al detectarse la presunta “comisión de hechos delictivos relacionados con la ausencia de los expedientes administrativos correspondientes en el Concello de Sada con ocasión de la supervisión y control (principalmente durante la situación de crisis sanitaria) de autorizaciones u horarios de apertura de diferentes locales de hostelería y de ocio”.

En la jornada de ayer, el alcalde afirmó, en redes sociales, que está “seguro” de su “inocencia” y de que “no se cometió ningún ilícito penal”, además de que está “deseando” aclarar todos los procedimientos ante el juzgado. En la sesión plenaria del miércoles, Portela dijo, tras ser preguntado por esta imputación, que la denuncia del exjefe de la Policía Local se presentó “once días después de que le cesase como jefe de la Policía”.

La concejal socialista, María Pardo, que fue la que realizó la pregunta sobre esta investigación judicial en el pleno, indicó que no va a pedir la dimisión “hasta que haya sentencia firme” y que su grupo estará atento a la resolución de este caso. La otra formación de la oposición, el PP, afirmó que el regidor debería ser consecuente con sus compromisos, pero “ya conocemos de la coherencia y engaños de podemitas y nacionalistas, que se rigen por la ley del embudo”.

Los otros dos socios de gobierno de Sadamaioría, el BNG y Alternativa de Veciños, se mostraron cautos ante la noticia de la investigación por parte del juzgado. La edil Isabel Reimúndez, del BNG, aseguró que en este asunto se abordan “competencias propias del alcalde” y que mantiene su confianza “en el resto de compañeros” y que no está para “fiscalizar”. Por su parte, la edil María Nogareda, de Alternativa dos Veciños, indicó que hay que esperar a que se resuelva el procedimiento. “Tiene que hablar el juez o jueza”, señaló.