La fiebre del ladrillo marcaba sus máximos en Sada cuando el por entonces alcalde, Ramón Rodríguez Ares, del PP, manifestó su respaldo al proyecto urbanístico “más importante del norte de España”. Se trataba de Porto Infanta: una macrourbanización de medio millar de viviendas distribuidas en bloques de hasta cuatro plantas y un puerto deportivo con trescientos amarres a pie de los arenales de Morazón y Arnela, en el tramo de costa comprendido entre Fontán y Carnoedo.
Se cumplen veinte años de un auto judicial que frenó cautelarmente este proyecto, aprobado en solitario por el Gobierno local del PP y promovido por una filial del Banco Pastor, la Sociedad General de Terrenos y Edificios. La suspensión preventiva de la ordenanza edificatoria que amparaba la construcción de edificios de más de 15 metros de altura en este enclave litoral tuvo su origen en un recurso presentado por la Plataforma en Defensa da Ría de Sada, una entidad constituida para combatir esta actuación urbanística por su impacto ambiental y el efecto apantallamiento de los edificios, que logró finalmente que los tribunales anulasen el proyecto.
La revista Areal, de la Asociación Irmáns Suárez Picallo, rememora en su último número la batalla contra esta macrourbanización en un artículo en el que Carlos Babío Urkidi, en aquel momento concejal del BNG en Sada, echa la vista atrás para recordar la oposición de su formación y de otras como la ya desaparecida EdeG a este proyecto urbanístico y destacar la implicación “imprescindible” del abogado Nacho Salorio, así como el compromiso fundamental de otras personas como Maribel Valdivieso, Sebastián Martínez Risco, Emilia Graña y una larga lista de políticos y activistas que alzaron la voz contra una actuación que hoy difícilmente habría superado la evaluación ambiental.
Y es que el naufragio de Porto Infanta, cuyo plan parcial fue tumbado por la Justicia en 2004 en una sentencia que el Tribunal Supremo ratificó en 2009, trascendió las fronteras de Sada, creó un precedente y resultó crucial para frenar otros proyectos urbanísticos en zona de costas. Con Porto Infanta, los magistrados del Supremo sentaron jurisprudencia sobre el alcance de la ley de costas, concretamente del artículo 30.1. b que determina qué condiciones deben cumplir las urbanizaciones en la zona de influencia de 500 metros.
La sentencia de Porto Infanta fue esgrimida por los jueces en otros procesos, como el que tumbó el plan parcial de una macrourbanización de 3.300 viviendas en la costa valenciana. También resultó crucial a la hora de reformular actuaciones más cercanas, como la macrorubanización de Monte Piñeiro, en Miño, gestada antes del estallido de la burbuja inmobiliaria que dejó a este pequeño concello al borde de la quiebra.
En su artículo A loita contra Porto Infanta. A vitoria do sentido común, Carlos Babío recuerda la constitución de la Plataforma en Defensa da Ría de Sada y reconoce el “compromiso” y “tesón” de los personas que se implicaron en esta batalla por la defensa del litoral y, especialmente de Nacho Salorio, a quien dedica el artículo. Babío rememora las reuniones de los integrantes de la plataforma en el Loxe Mareiro, el ya desaparecido restaurante regentado por Emilia Graña y este abogado, que instó a dar la batalla contra las normas urbanísticas de Sada que “iban contra el sentido común” y combatir una obra “ilegal, innecesaria”, un “atentado contra el medio ambiente y contra el pueblo”, en palabras de Salorio Cerca de medio millar de personas secundaron en aquel momento en la calle el rechazo a este proyecto con pancartas en contra del “cemento en Arnela y Morazón”.
Y la Justicia les dio finalmente la razón. El Supremo tumbó el plan parcial de Porto Infanta por incumplir la ley de costas, vulnerar la ley de suelo gallega y afectar a un enclave natural “sensible y necesitado de un alto grado de protección”. Un año después, la Justicia reproducía casi íntegramente el fallo de Porto Infanta en la sentencia que anuló una macrourbanización de Almenara, en la costa valenciana.
El plan general aprobado en 2017 prevé ahora expropiar 60.000 metros cuadrados para una zona verde
Más de una década después del fallo que enterró definitivamente Porto Infanta, la discrepancia política en torno a este proyecto ha desaparecido o es completamente residual. Fue un gobierno del PP en coalición con el PDSP el que aprobó inicialmente un plan general que establecía ya la expropiación de los terrenos para crear un gran área verde.
El PXOM aprobado definitivamente por el Gobierno local de Sadamaioría, BNG y PSOE en 2017 establece la creación de una gran parque en este punto mediante la expropiación de más de 60.000 metros cuadrados en el segundo cuadrienio de vigencia del documento urbanístico.
