El alcalde de Sada, Benito Portela, declaró ayer como investigado tras ser denunciado por el promotor Gervasio Brasa, que le acusa de desobedecer la orden de derribo de dos bloques de edificios con 58 viviendas en total, los de Camiño de Fiunchedo 6 y Sada y sus Contornos 3, cuya sentencia fue anulada por sentencia firme en 2014.
Tras su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, el regidor de Sadamaioría defendió que “no hubo ni hay desobediencia a los mandatos judiciales “ ni un intento de “eludir ilícitamente la ejecución de la sentencia” que ordena demoler los dos edificios, autorizados en 2005 por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares. La Justicia ordenó derribar los inmuebles antes del el 1 de abril de 2018, aunque posteriormente autorizó varias moratorias, la última hasta mayo de 2020.
Vencido este plazo, Benito Portela negó ayer cualquier parálisis en el procedimiento administrativo para cumplir el mandato judicial y apeló a su responsabilidad como alcalde para intentar evitar los derribos: “Sería una irresponsabilidad no hacer todo lo posible, dentro de la legalidad, para tratar de evitar la demolición de unos inmuebles que podrían ser objeto de legalización”.
Portela: "Sería irresponsable no hacer todo lo posible para intentar evitar la demolición"
“No hay ilícito penal alguno en tratar de inejecutar la sentencia, legalizando las edificaciones, de acuerdo con el planeamiento y la normativa urbanística, así se prevé expresamente en la legislación del contencioso-administrativo”, argumentó ayer en un comunicado en el que defendió la conveniencia de intentar evitar un “enorme daño patrimonial” para el Concello y “para las familias residentes en los inmuebles.”
El Concello de Sada de momento solo ha sacado a contratación la demolición subsidiaria de uno de los dos edificios, el de Camiño de Fiunchedo 6, con 38 viviendas. El Ayuntamiento abrió el concurso el 3 de febrero de 2020, y a punto de cumplirse dos años, no ha adjudicado la obra, valorada en 552.545 euros más impuestos. Según informó el Gobierno local, la licitación del derribo del otro edificio, Sada y Contornos 3, está en trámites, con expediente abierto el pasado noviembre y pendiente de reserva de crédito.
Un día antes de la declaración del alcalde, el Concello celebró una junta de portavoces en la que se debatió precisamente una corrección de errores del plan general que el Ejecutivo pretende elevar a pleno ya este mes y que incluye, entre otras correcciones, una dirigida a enmendar el apartado de alineación y línea de soportal en planta baja en la Avenida Sada y Contornos.
El Ejecutivo municipal defiende que esta corrección, presentada por el equipo redactor del PXOM y que deberá obtener el visto bueno autonómico, allanaría el camino para legalizar el edificio de Sada y Contornos. Secretaría ha emitido un informe desfavorable, al entender que debería tramitarse como una modificación puntual del PXOM y no como una corrección, y aunque en el expediente constan dictámenes favorables de los servicios técnicos de la Diputación y del TAX de Urbanismo, la existencia de un informe negativo de la jurista acrecienta las dudas de la oposición, PP y PSOE, y también de Alternativa dos Veciños.
La oposición duda de la vía de la corrección de errores del PXOM, con informe desfavorable de Secretaría
La junta de portavoces acordó tratar el asunto en una comisión de urbanismo el próximo lunes con presencia de la secretaria y los técnicos. A consulta de este diario, la socialista María Pardo incidió en la importancia de analizar todas las posibilidades dada la gravedad del asunto, su repercusión en las arcas municipales y en terceros compradores de buena fe. El PP y Alternativa también expresaron sus dudas de que la Xunta avale esta propuesta de corrección con el informe contrario de la jurista municipal.
La posible legalización del edificio de O Fiunchedo está pendiente de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior promovido por los propietarios. “Son procedimientos que el Gobierno local está obligado a tramitar y resolver y así lo hará”, recalcó ayer Portela, que subrayó que estos intentos de regularización “no supusieron en ningún momento la paralización del proceso administrativo” de demolición subsidiaria.
