El Gobierno local de Sada elevará este mes a pleno una propuesta de corrección de errores del plan general que, confía, allanará el camino para legalizar el edificio de Sada y sus Contornos 3, uno de los dos bloques de viviendas que lleva desde 2014 a la sombra de la piqueta con un orden ejecutiva de derribo que venció ya en mayo de 2020.
La situación de estos dos edificios con un total de 58 viviendas se erige como el principal conflicto urbanístico del Concello, que se enfrenta a una responsabilidad patrimonial millonaria para resarcir a compradores de buena fe (32 de los pisos están ocupados) y a una condena de inhabillitación del alcalde, Benito Portela, por un delito de desobediencia.
El tiempo se agota y el Ayuntamiento y los particulares afectados apuran las gestiones para evitar que la piqueta reduzca a escombros estos dos bloques ejecutados en 2005 al amparo de una licencia otorgada por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares que fue anulada por la Justicia. Las maniobras para intentar regularizar los edificios van de la mano de gestiones para cumplir el fallo judicial y acometer la demolición de forma subsidiaria.
De momento, el Concello solo ha sacado a concurso el derribo del edificio de 38 viviendas de O Fiunchedo. El Ayuntamiento abrió el concurso el 3 de febrero de 2020, y a punto de cumplirse dos años, no ha adjudicado la obra, valorada en 552.545 euros más impuestos. El último movimiento en la plataforma de contratación es del pasado 30 de septiembre.
Según informó el Gobierno local, la licitación del derribo del otro edificio, Sada y Contornos 3, está en trámites, con expediente abierto el pasado noviembre y pendiente de reserva de crédito.
La demora en ejecutar el fallo ha propiciado un recurso del demandante que derivó en la apertura de diligencias contra el alcalde, Benito Portela, por un supuesto delito de desobediencia, extremo que el regidor negó en sede judicial.
La Justicia ha dado ahora un nuevo varapalo al Concello al inadmitir el Tribunal Supremo su recurso contra la sentencia que le daba un plazo de 10 días para señalar el importe y caución que debe presentar para garantizar los derechos de los afectados, compradores de buena fe. EL demandante, Gervasio Brasa, acaba de presentar un escrito ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 para solicitar que, a la vista de la inadmisión del recurso por el Supremo, se requiera ya al Concello de Sada para que realice “de una vez por todas, la consignación establecida” por ley. El juzgado todavía no se ha pronunciado, pero todo apunta a que será favorable a la solicitud .
El demandante reclama el depósito de las garantías tras inadmitir el Supremo el recurso del Concello
La cuantía de las garantías todavía se desconoce, aunque un juzgado la cifró en más de cuatro millones, un importe desorbitado para un Concello que maneja un presupuesto anual de 13 millones. La situación se agrava, los plazos aprietan y el Concello apura ahora una vía con la que pretende salvar del derribo uno de los dos edificios, el de Sada y Contornos, a través de una corrección de errores del plan general.
La propuesta, elaborada por el equipo redactor del plan general, recalará este mes a pleno con un informe desfavorable de la secretaria municipal, que considera que la enmienda propuesta del apartado de alineación y línea de soportal en planta baja en la Avenida Sada y Contornos no debería tramitarse como una corrección sino como una modificación puntual del PXOM. La propuesta dispone de otros informes favorables, como uno de los servicios técnicos de la Diputación y del TAX de Urbanismo, pero las dudas de la jurista hacen peligrar la aprobación plenaria, que precisa de la mayoría absoluta de la Corporación.
La oposición y Alternativa dudan de la propuesta para intentar legalizar uno de los edificios por el informe en contra de Secretaría
El Concello celebrará el lunes una comisión informativa a la que asistirán la secretaria municipal y los técnicos para abordar este asunto. Los partidos de la oposición, PP y PSOE, se muestran cautos. Y también Alternativa dos Veciños, que forma parte del Ejecutivo y que evita anticipar el sentido de su voto hasta disponer de más datos. A consulta de este diario, sus portavoces, Soraya Salorio, María Pardo y María Nogareda, lamentan el escaso tiempo para estudiar un expediente complejo y “que podría tener importantes consecuencias” . “Es un tema suficientemente delicado para valorarlo con todos los pros y contras. Está bien dar pasos en positivo pero siempre con el aval de los técnicos”, defiende Nogareda, que se expresa en una línea muy similar a las portavoces del PSOE y PP, que llaman la atención sobre el hecho de que el único informe jurídico del expediente es desfavorable a la propuesta y que abogan por abordar otras posibles soluciones. "Hay que buscar la mejor solución entre todas las opciones que planteen los técnicos", defiende la socialista María Pardo. Una postura que concuerda con la de la popular Soraya Salorio, que llama la atención sobre las consecuencias que podrían derivarse de aprobar un cambio con informe contrario de Secretaría: "Puede que haya otras opciones", apunta.
El Gobierno local no parece contemplar de entrada otras opciones y aguarda que el pleno dé finalmente el visto bueno a su propuesta, que deberá ser refrendada por la Xunta.
La legalización del otro edificio, el de Sada y Contornos, está pendiente de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior y no han trascendido novedades.
