El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña acaba de emitir una providencia en la que insta al Concello de Sada a señalar en el plazo máximo de 30 días el importe, garantías y bases para fijar la caución quepermita asegurar el pago de las indemnizaciones que correspondan por el derribo de los edificios con sentencia firme de demolición de Camiño de Fiunchedo y Avenida Sada e Contornos, que suman un total de 58 viviendas.

La jueza María Pedreira García atiende a lo solicitado por el demandante, el promotor Gervasio Brasa, tras la resolución del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso del Concello contra la sentencia que instaba a fijar las garantías para resarcira terceros de buena fe.

El importe de esta caución todavía está por determinar. La magistrada apunta que el Concello debe fijar la cuantía “detalladamente”, “con los informes técnicos y económicos que estime conveniente”. El Ayuntamiento desconoce todavía a cuánto pueden ascender estas garantías, que un juzgado cifró en más de cuatro millones en una sentencia que fue revocada por el Alto Tribunal para dar un plazo al Concello para identificar a los propietarios.

Aunque la cuantía está por fijar, todo hace prever que el depósito de esta caución para responder del daño acarreado a terceros de buena fe supondrá un amargo trago para un Concello que maneja un presupuesto que ronda los 12 millones y que defendió hasta el final que no le correspondía asumir el exclusiva el depósito de las garantías.

La providencia del juzgado, emitida el 19 de enero y que es susceptible aún de recurso, estrecha todavía más el cerco de un conflicto urbanístico que coloca al Concello sadense contra las cuerdas.

El tiempo se agota y el Concello y los propietarios maniobran in extremis para intentar legalizar estos dos edificios, construidos al amparo de una licencia concedida por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (PDSP)en 2005 que fue anulada por la Justicia. El fallo adquirió firmeza en 2014 y el juzgado estableció como tope mayo de 2020 para proceder a la demolición.

Superado el plazo, el promotor que llevó a los tribunales las irregularidades en la construcción de los inmuebles ha denunciado el incumplimiento de la orden de derribo y acusa al alcalde, Benito Portela, de desobediencia. El regidor, que ha declarado esta semana como investigado por este motivo, defiende que no obstaculiza la orden de demolición y apela a su responsabilidad como alcalde para intentar evitar unos derribos con consecuencias muy lesivas para las arcas municipales y los propietarios.

Portela, que tiene las competencias en Urbanismo, elevará a este pleno una corrección de errores del plan general que, confía, allanaría el camino para legalizar uno de los inmuebles, el de Sada e Contornos, con veinte viviendas. La propuesta llega a pleno sin garantías de apoyos y con controversia por un informe desfavorable de la secretaria municipal, que considera que el cambio debería tramitarse como una modificación puntual del PXOM y no como una corrección de errores.

La funcionaria sostiene que el expediente no aclara si la propuesta fue iniciada a instancias del equipo redactor del plan general o por encargo del Concello o un tercero y aprecia en el documento “una carencia de justificación que impide definir realmente es un caso de corrección de errores o una modificación puntual”.

Sus conclusiones han llevado a la oposición, PSOE y PP, y a Alternativa dos Veciños, que forma parte del Ejecutivo, a expresar sus dudas sobre la conveniencia de este cambio, refrendado por los servicios técnicos de la Diputación y por el TAX de Urbanismo, mientras que el arquitecto municipal evita pronunciarse.

La corrección de errores propuesta por el equipo redactor del PXOM pasa por enmendar lo que consideran un error en la representación gráfica de la servidumbre de paso en la Avenida Sada e Contornos de los ocho metros de largo a los cinco que define el proyecto de reparcelación aprobado definitivamente. Monteoliva sostiene que el objetivo de este paso es la conexión entre la avenida Sada e Contornos y la zona verde existente en la parte posterior de la parcela edificable y no definir una nueva red viaria.

El hasta hace poco técnico de Administración Xeral de Urbanismo e Medio Ambiente, Hipólito Pérez, emitió un informe favorable, al entender que resultaba “evidente e indiscutible la existencia de un error”. A la misma conclusión llegan los responsables el Servizo de Asistencia a Municipios de la Diputación, que emitieron un informe, suscrito por el arquitecto Daniel Beiras y el jefe de sección, Pedro González, en el que concluyen que “no cabe duda de la existencia de un error” en el gráfico y que la corrección de esta alineación “afecta únicamente a un pequeño rectángulo de suelo de 15 metros cuadrados”.

Corrección de errores propuesta en el ámbito de Sada e Contornos

Corrección de errores propuesta en el ámbito de Sada e Contornos

“¿Se va a demoler un edificio ocupado de 20 viviendas por una diferencia de altura de 24 centímetros y una ocupación en subsuelo de 12 metros cuadrados de un supuesto vial que es un error del PXOM tal como declara el propio equipo redactor?”, se preguntaba ayer el alcalde, que insta a la oposición a “explicar públicamente cuál es la alternativa que defienden para evitar la demolición”: “Hasta ahora, la única alternativa real y viable para su aprobación es la que presenta esta Alcaldía”, defiende Portela, que llama la atención sobre la diferencia de plazos para aprobar una subsanación de errores, que llevan una media de 3 o 4 meses, frente a los más de dos años que puede llevar una modificación del PXOM.

El regidor de Sadamaioría defiende además que el informe de la secretaria, “preceptivo pero no vinculante” se emitió antes que el de la Diputación y que la última palabra la tendría, en todo caso la Xunta que, afirma, le manifestó verbalmente su apoyo a esta subsanación de errores.

Edificio con orden de derribo en Camiño de Fiunchedo

La posible legalización del otro edificio, el de Camiño de Fiunchedo, está pendiente de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior promovido por los propietarios. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respaldó la ordenación propuesta en un fallo que desestimó el recurso del denunciante contra lo que consideraba una legalización fraudulenta. Las últimas novedades sobre la tramitación del proyecto se remontan a febrero de 2020, cuando se anunció la pronta presentación del plan.