El Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha decretado el sobreseimiento provisional de la denuncia contra el alcalde de Sada, Benito Portela (Sadamaioría), por un delito de desobediencia. Solo un día después de que el regidor prestase declaración en calidad de investigado, la jueza Natalia Paz Domínguez ha dictado un auto por el que dispone el archivo de la denuncia del promotor Gervasio Carballo Brasa, que acusó a Portela de desoír la orden de derribo de dos edificios con sentencia firme desde 2014.
La magistrada concluye que no se dan los supuestos para imputar desobediencia al regidor de Sadamaioría dado que no consta que le hiciesen ningún requerimiento “para que procediese sin dilación al derribo de ambos bloques con apercibimiento de que, de persistir en su negativa, los hechos pudiesen ser constitutivos de delito”, concluye.
El auto no es firme y fuentes próximas al demandante han confirmado a este diario que presentarán un recurso. El denunciante alega que el plazo dictado por el juzgado para demoler los edificios venció en mayo de 2020 y que el Concello de Sada no ha hecho “nada real y efectivo”.
El alcalde insistió ayer en que dan pasos para la demolición subsidiaria de las dos edificaciones, con una en licitación y otra pendiente de reserva de crédito, pero recalca que agotará todas las vías para intentar legalizar ambos bloques y evitar consecuencias muy lesivas para las arcas municipales y los propietarios (32 de los 58 pisos están ocupados).
El tiempo se agota. El juzgado acaba de emitir un auto en el que ordena al Concello fijar las garantías para indemnizar a los adquirientes de estas viviendas, construidas al amparo de una licencia concedida por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares en 2005.
La cuantía exacta de esta caución se desconoce, pero un juzgado la cifró en más de cuatro millones en un auto que fue revocado para dar un plazo al Concello a identificar a los propietarios. A falta de conocer el importe exacto, todos los grupos de la Corporación tienen claro que supondrá un varapalo enorme para un Concello que maneja un presupuesto anual de 12 millones.
El Concello deberá fijar ya las garantías, que un juzgado cifraba en más ce cuatro millones en un auto que fue revocado
Los plazos aprietan y el alcalde, que lleva las riendas de Urbanismo, presentará a pleno una propuesta elaborada por el equipo redactor del PXOM que, confía, allanará el camino para legalizar uno de los bloques, el de Sada e Contornos, con veinte viviendas. La propuesta, que precisa de la mayoría absoluta (nueve de los 17 ediles) y que recala en pleno sin los apoyos garantizados, pasa por realizar una corrección de errores del plan general y recortar en tres metros una servidumbre de paso que, según los redactores, se extiende por error, dado que su objetivo era la conexión entre la avenida y la zona verde existente en la parte posterior de la parcela edificable y no definir una nueva red viaria.
La propuesta de corrección llega a pleno con informes contrapuestos. La secretaria municipal emitió uno desfavorable al entender que el cambio debe tramitarse como una modificación puntual del PXOM y no como una corrección de errores. El arquitecto municipal no se pronuncia sobre este extremo y los servicios técnicos de la Diputación y el anterior técnico de Administración Xeral de Urbanismo concluyen en sendos informes que es “evidente e indiscutible la existencia de un error” que “afecta a un pequeño rectángulo de suelo de 15 metros cuadrados” .
Portela hizo ayer un llamamiento a todos los grupos a apoyar esta corrección al considerar inaudito que pueda demolerse un edificio por una ocupación en subsuelo de 12 metros cuadrados por un vial inexistente y por un exceso de 24 centímetros de altura.
La propuesta para legalizar uno de los bloques llega a pleno sin apoyos asegurados y con informes contrapuestos
De momento, solo el BNG ha expresado su apoyo sin fisuras a esta corrección que, defienden, permitiría solucionar el problema en un plazo de unos meses frente a los más de dos años de un cambio del PXOM. Los nacionalistas inciden en que es el propio equipo redactor del plan general el que “indica por escrito que se trató por error” y apelan a la necesidad de dar con la “solución más rápida y menos gravosa” para “salvar a los compradores de buena fe” y zanjar un conflicto que arrastra 12 años por “las diferencias entre dos promotores que luchaban por edificar en la misma parcela. El BNG pide responsabilidad a los grupos y, en respuesta al PP, que afirma que nunca “intervino en esta ilegalidad”, recuerda que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que aprobó la licencia en 2005 “tres personas que en convocatorias posteriores fueron en las listas del PP”.
El PP avanza que no apoyará la corrección del PXOM, aunque no aclara si se abstendrá o votará en contra. Los populares se muestran de acuerdo con legalizar el edificio pero consideran que debe ser el actual Gobierno local (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) el que dé con la solución: “El expediente de corrección de errores del PXOM es responsabilidad de este gobierno de mayoría absoluta”, defienden en un comunicado en el que afirman que el informe desfavorable de la secretaria va en la línea de lo manifestado por el equipo redactor del plan general en 2019.
El PP cuestiona los informes de los servicios técnicos de la Diputación y del TAX de Urbanismo y argumenta que están suscritos por el arquitecto provincial Daniel Beiras, “hijo del fundador de Anova” , y por el anterior técnico de Urbanismo, Hipólito Pérez, “compañero de partido del propio alcalde”. El PP tacha a estos dos especialistas de “asesores de Anova” y resta credibilidad a los informes, que en el caso del provincial, suscribe también el jefe de la sección del departamento de asistencia a municipios, el arquitecto Pedro González.
Los populares critican además que el gobierno de Abel López Soto otorgase una nueva licencia de modificación parcial en 2008 y no declarase la caducidad del permiso (el exalcalde y la que era edil de Urbanismo fueron absueltos por estos hechos, al concluir los jueces que actuaron en base a informes técnicos, y una sentencia decretó en 2013 que no procedía declarar caduco el permiso).
El PSOE y Alternativa no han avanzado su voto, aunque expresan sus dudas por el informe desfavorable de Secretaría y apelan a la importancia de no dar pasos en falso y analizar todas las opciones.
El Concello celebrará el lunes una comisión, con presencia de los grupos políticos, la secretaria y los técnicos de Urbanismo, que puede resultar determinante para decantar la votación plenaria, prevista para el jueves.
Si se aprueba la corrección, la Xunta tendrá aún la última palabra.
El futuro del otro edificio con orden de derribo, el de Camiño de Fiunchedo 6, con 38 viviendas y una solución más compleja, depende de la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior que los propietarios comenzaron a tramitar hace años y que está pendiente aún de aprobación inicial.
