El BNG de Culleredo exige conocer en qué informes se basó el Gobierno municipal para decir que “por esta Corporación no cabe adoptar medida alguna para el efectivo cumplimiento de la pena de inhabilitación” de la excoordinadora general del Concello de Sada y trabajadora del Ayuntamiento. También alerta de las consecuencias que pudiera tener sobre la validez de los actos en los que participó, la permanencia en el cargo de asesora jurídica de una persona inhabilitada judicialmente.
La Audiencia Provincial de A Coruña dictó que la excoordinadora general de Sada debe apartarse no solo de cargos electivos, como entendía el Concello, sino también de empleos públicos.
