Silvia Linares se enteró por carta de que una sentencia había anulado la licencia y ordenaba el derribo del piso que compró con vistas a un retiro cerca de la playa. Relata que antes de adquirir la vivienda había realizado todas las gestiones pertinentes para asegurarse de que estaba en regla y confiesa que se quedó en “shock” y que durante un tiempo le costó conciliar el sueño: “Yo lo viví muy mal, para mí es mi futuro, no tengo otra cosa. Ahora intento relativizar porque la salud es lo primero, pero...” , cuenta esta propietaria, que compaginó durante años el pago de la hipoteca con un alquiler en Jaca, donde trabajaba, y que desde hace año y medio vive en este edificio de Sada a la sombra de la piqueta.
Ella y otros tres propietarios del edificio Avenida Sada e Contornos 3 consultados por este diario apelan al desgaste emocional que supone vivir con “esta espada de Damocles encima” desde hace ya ocho años. “Es una agonía terrible. Yo procuro no hablar del tema con mi madre porque se pone muy nerviosa, le sube la tensión y ya tiene una edad. El piso fue la jubilación de mi padre, que ya murió”, relata Pedro Pombo. Ellos, dice, han podido al menos alquilar la vivienda, aunque no pueden disponer libremente de ella: “Mi madre es viuda y pensionista y no puede vender y tener ese dinero en el bolsillo... Por suerte no nos hace falta, ¿pero y si no fuese así?”, se pregunta.
Fernando López Meizoso, Eugenio Carlos González-Villamil, Pedro Pombo y Silvia Linares son cuatro de los veinte propietarios de este edificio. No solo comparten espacios comunes, también un trocito de historia. Los cuatro compraron en “plena burbuja”, entre los años 2006 y 2008, cuando esos pisos costaban “un pastizal”. Todos afirman haber realizado las gestiones oportunas antes de escriturar para asegurarse de que el edificio estaba en regla y afirman que se quedaron noqueados cuando en 2103 una sentencia anuló la licencia concedida en 2005 por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (el fallo adquirió firmeza un año después).
Su edificio está en sintonía con el resto de inmuebles de esta avenida sadense y tanto los técnicos como los jueces coinciden en que su principal problema es compartir licencia con otro edificio de encaje urbanístico más complicado, el de Camiño de Fiunchedo 6.
En el caso de Avenida de Sada e Contornos, subrayan los propietarios, se trata de un exceso de altura de 24 centímetros y una ocupación en subsuelo de 12 metros cuadrados “por un vial que no existe”. El alcalde, Benito Portela, comparte el análisis y elevará a pleno el jueves una corrección de errores elaborada por el equipo redactor del PXOM para enmendar el plano del vial.
La propuesta recala a debate in extremis, con el plazo que fijó el juzgado para demoler, mayo de 2020, ya más que vencido, y sin consenso político por un informe desfavorable de la secretaria municipal, que considera que debe tramitarse como una modificación puntual del PXOM, más garantista, pero con unos plazos de tramitación muy superiores (unos dos años frente a los cuatro meses de media de una corrección).
“La corrección de errores es la única alternativa, no hay más, es eso o el derribo”, afirma tajante el presidente de la comunidad de propietarios, Fernando López Meizoso, que advierte de que tiempo juega en contra y que subraya que la propuesta tiene informes favorables de los servicios técnicos de la Diputación y del técnico de Administración Xeral de Urbanismo. "Ese vial no existe, es un error de un plano", defiende.
Apoyan la vía de la corrección de errores del PXOM para intentar legalizar el edificio
Él, relata, compró en 2006 un bajo de 170 metros cuadrados al que no ha podido dar un uso y por el que sigue pagando la hipoteca y el IBI todos los años. “Aquí estoy, con todo esto tirado. Un bajo maravilloso a 50 metros de la playa que no puedo alquilar ni como garaje ni vender para recuperar parte del dinero. Invertimos los ahorros para tratar de mejorar y dar una oportunidad a los hijos, y al final ni una cosa ni otra”, lamenta este sexagenario, que aguarda que el pleno dé el visto bueno a la corrección: “La Xunta ya ha dicho que lo de la altura es subsanable”, apunta.
Los otros tres propietarios coinciden y aguardan también que el pleno dé luz verde a la propuesta: "Esto no solo nos afecta a nosotros, se juega mucho el futuro de Sada", subraya Pombo, que llama la atención sobre la responsabilidad patrimonial que puede tener que afrontar el Concello en caso de que el ,edificio sea reducido a escombros. Defienden que las deficiencias en el inmueble son “ridículas”, y consideran “inaudito” que pueda plantearse la demolición, con un "quebranto tremendo para las arcas municipales", cuando en otros casos, por problemas de más calado, se encontraron soluciones. “Como en el edificio de Fenosa”, apunta Eugenio González-Villamil.
"Qué culpa tengo yo de que el Concello concediese una licencia que no se ajusta a las normas", se pregunta un afectado
“Es algo inaudito, yo compré en 2007, llevo atado 12 años y los que nos quedan.... ¿Qué culpa tengo yo de que el Concello concediese una licencia que no se ajusta a las normas?”, se pregunta este jubilado. Él cree que todo parte de “un pique entre antiguos socios” (en alusión al promotor y el demandante). El resto de los afectados consultados asiente. “No sé quién tiene razón, pero juegan con la casa de los demás”, resume Pombo.
Sada acata la orden judicial y tramita el depósito de garantías, que rondará los cinco millones, el 40% de su presupuesto
El Concello de Sada anunció ayer que, por recomendación del letrado, no recurrirá el auto del 19 de enero que le da 30 días de plazo para fijar el importe y las bases de cálculo de las garantías que debe depositar para asegurar el pago de las indemnizaciones por el derribo de los edificios de Avenida de Sada e Contornos e Camiño do Fiunchedo, que suman un total de 58 viviendas. El juzgado dispone ya de la información que le requirió relativa a la identificación de los titulares de los inmuebles y en la que se detalla tanto la fecha de adquisición como el importe de las operaciones de compraventa, que fueron realizadas entre junio de 2008 y septiembre de 2013 y que suman 5 millones de euros sin IVA, para el conjunto dos los inmuebles afectados.
Fuentes jurídicas consultadas explican que, en base a estos datos, las garantías rondarán los cinco millones, dado que el criterio general del TSXG para calcularla es el valor de la escritura menos la amortización acumulada. Se trata de un importe desorbitado para un municipio como Sada, con un presupuesto anual de 12 millones. El Gobierno local matiza que cuantificación de depósito de garantías no supone un reconocimiento de exclusiva responsabilidad patrimonial municipal ni tampoco determina qué personas tendrán derecho a ser indemnizadas, dado que esas cuestiones se resolverán en un procedimiento distinto. El Concello incide en que las propias sentencias precisan que este depósito no excluye la responsabilidad patrimonial de la promotora Meu Lar, contra la que el Ayuntamiento “mantuvo y seguirá manteniendo la atribución de responsabilidad por la presentación de un proyecto técnico (que obtuvo licencia en 2005) que el propio juzgado calificó de “anómalo”.
