El Concello de Carral es uno de los cuatro de la comarca coruñesa (junto a Arteixo, Betanzos y Cerceda) que están obligados a realizar un plan de ajuste debido a que incumplieron el periodo medio de pago a proveedores, que el Gobierno central fija en un máximo de 30 días.
El Ejecutivo carralés afirmó ayer que la demora en el pago de facturas se debió a “certificaciones retrasadas” por problemas en ejecución de obras”. Carral en el primer trimestre del año pasado casi duplicó el plazo máximo, pagando facturas a 59,92 días. En el segundo trimestre también superó el tope permitido, con 46,45 días. A partir del segundo semestre mejoró sus ratios: 10,08 días en el tercer trimestre y 5,71 días en el cuarto.
