El Gobierno local de Culleredo ha aprobado convertir en funcionaria a la excoordinadora de Sada que fue inhabilitada por prevaricación, condena impuesta por sentencia firme del Tribunal Supremo el pasado mes de julio, y que la Audiencia Provincial ordenó expulsar de su empleo público como asesora jurídica del Ayuntamiento cullerdense durante los ocho años de condena, según un auto contra el que cabe recurso. La funcionarización de la trabajadora, Belia Vellón, personal laboral fijo, se incluye dentro de la oferta de empleo público (OPE) para 2021 aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado día 9 de diciembre, siete días después de que la Audiencia Provincial, el pasado 2 de diciembre, recibiera un oficio del Concello de Culleredo en el que acusaba recibo del testimonio de liquidación de la condena y que manifestaba: “Entendemos que por esta Corporación no cabe adoptar medida alguna para el efectivo cumplimiento de la pena de inhabilitación, por cuanto la citada trabajadora no ocupa en este momento cargo electivo alguno en la misma. No obstante, quedamos a la espera de la confirmación por esa Audiencia de la interpretación expresada, a efectos de cumplimentar en su estricto sentido la sentencia aludida”.
La Audiencia respondió, en un auto del 10 de enero, que la inhabilitación no solo se refería a cargos electivos, sino también al empleo público, por lo que la condenada debe abandonar su puesto en el Ayuntamiento. La ejecución de la pena se difiere al momento en que la resolución, contra la que cabe recurso ante el Supremo, adquiera firmeza.
El Ayuntamiento apunta que “la OPE se negoció, aprobó y publicó antes de que llegara la notificación” de la Audiencia. Aclara que el Concello dispone de tres años para ejecutar la oferta pública de empleo, completa o por partes, y que podría no llegar a ejecutarse, como ha ocurrido con buena parte de la de 2017, cuyos procesos selectivos no ejecutados han sido declarados caducados en junta de gobierno.
Promoción interna “ilegal”
La interventora y la secretaria municipales coinciden en advertir de que “no es legal la reserva del 100% de las plazas a promoción interna”. Secretaría, como consta en la nota incluida en el expediente, ya había advertido de esta ilegalidad “en anteriores ocasiones”. La interventora, que emite informe desfavorable, aclara que vulnera el principio constitucional de igualdad en el acceso a los puestos de trabajo.
El Concello explica que “los ayuntamientos solo pueden ofertar como plazas nuevas las que les permite la tasa de reposición y en esta oferta y las anteriores Culleredo gastó al 100% la tasa de reposición con puestos de acceso libre”.
