La Corporación municipal de Culleredo aprobó ayer por unanimidad las tarifas de taxi para 2022. El punto, el único que se debatió y votó, aparte de las actas de sesiones anteriores, fue en realidad el que menos debate generó en la sesión: la caducidad de la oferta pública de empleo (OPE) de 2017, la convocatoria de la OPE 2021 “con el mismo error y los mismos informes desfavorables”, y la caducidad de un expediente disciplinario a un exfuncionario por incompatibilidad que tardó casi cuatro años en resolverse, periodo en el cual el trabajador se jubiló y caducó el expediente, motivaron la petición del portavoz del BNG, Antón Chouciño, de dimisión o cese de la concejala de Personal, Marta Figueroa. La edila acusó a Chouciño de sesgar información y rechazó marcharse y el alcalde, José Ramón Rioboo, a quien el nacionalista pidió que cesara a Figueroa o, en su defecto, dimitiera, declinó también la petición.

“Ni va a dimitir la concejala ni va a dimitir el alcalde”, sentenció Rioboo. “Si tuvieran un mínimo de dignidad, asumirían responsabilidades”, replicó el nacionalista. Chouciño había demandado que se abriera un expediente informativo para esclarecer las causas que llevaron a que el expediente disciplinario al funcionario se demorase casi cuatro años, desde su apertura en febrero de 2018. Explicó que el trabajador, como consta en el expediente, incurrió en incompatibilidad al ser funcionario municipal y, al tiempo, “director de obra y accionista” en una promotora. Figueroa replicó que “ya existe un informe del instructor del expediente disciplinario”, aunque no aclaró si se trata del incluido en la documentación, que revisa las posibles irregularidades del exfuncionario y dicta que le corresponderían quince días de suspensión firme de funciones, pero sin explicar los tiempos de tramitación, o algún otro documento que justifique la tardanza.

El BNG mencionó también el caso de la asesora jurídica de Culleredo y excoordinadora del Ayuntamiento de Sada, inhabilitada por prevaricación, que debe abandonar su puesto como personal laboral fijo en la administración cullerdense, según dictó la Audiencia Provincial, a falta de que el auto adquiera firmeza. Figueroa defendió respetar los trámites y el derecho de la empleada municipal, Belia Vellón, a defenderse, puesto que cabe recurso contra el auto.

Coincidieron el BNG y el PP en demandar al Gobierno local medidas ante las quejas de los vecinos de la urbanización A Ría por el ruido nocturno vinculado a un local de ocio. El alcalde explicó que debía pronunciarse “con el máximo sigilo” porque “algunas cuestiones” se llevan “en coordinación con la Subdelegación del Gobierno”. Aseguró que “se está instruyendo un expediente al respecto para determinar en qué aspectos puede ese local infringir la normativa existente y aplicar el expediente disciplinario correspondiente en la medida en que los instructores califiquen la falta como grave o leve”. Apuntó lo “difícil” que es proceder “en trámites de estas características”. “Hay que demostrar que eso es así. Es un tema que tiene un procedimiento y es lo que se está haciendo para no cerrar en falso un local, si es que hubiera que cerrarlo, o imponer una sanción y derogar una licencia”, detalló el regidor.