El estallido de la burbuja del ladrillo resuena todavía en la comarca. La que fuera la mayor promotora del área coruñesa, Epaat, dirime aún los flecos de su auge y caída, casi ocho años después de su entrada en concurso de acreedores. El último paso, en su contra, se ha resuelto en los tribunales.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha estimado en parte el recurso presentado por CaixaBank contra los administradores concursales de la promotora y la propia empresa y obliga a destinar fondos de una indemnización que el Ayuntamiento de Culleredo tuvo que abonar a Epaat —también sentencia mediante— a sufragar el crédito privilegiado especial reconocido en favor de la entidad bancaria demandante. La sentencia, contra la que cabe recurso, limita la cuantía que la administración concursal deberá pagar al banco al máximo que se hubiera fijado en la responsabilidad hipotecaria pactada en su día para cada uno de los conceptos incluidos en el título de constitución de la garantía real: principal, intereses, costas y gastos. El límite de la responsabilidad hipotecaria es de 42.467 euros de principal más 13.440 euros de intereses, lo que suma 55.907 euros. El fallo no impone costas.

El abono que el banco reclama a la administración concursal de la promotora procede de una indemnización que tuvo que pagar a la promotora, por orden judicial, el Concello cullerdense, municipio donde Epaat desarrolló buena de su actividad en la eclosión de los primeros años del siglo. El Ayuntamiento pagó 61.579,05 euros. De este modo, si abona el máximo de 55.907 fijado en la hipoteca, la administración concursal o la concursada se quedarían con5.672, 05 euros. El parque La Ría en A Corveira, Villa Lucinda y el edifico Burgo Plaza son algunas de las edificaciones en cuyos cimientos se encuentra esta empresa familiar, constituida en 1991 en A Coruña.

El Ayuntamiento fue condenado en 2016, por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña, a indemnizar a la promotora por haber ocupado e incorporado al patrimonio municipal una finca propiedad de la empresa que se hipotecó con la entidad bancaria recurrente, junto con otras siete fincas, que fueron objeto de subasta judicial en el seno del concurso y adjudicadas a Bankia por decreto en 2017, detalla el fallo.

La entrada del Concello en el terreno se produjo en 2003, fecha anterior a la constitución de la hipoteca, argumento que esgrimen los administradores concursales en su rechazo destinar la indemnización al banco. La sentencia, sin embargo, dicta que “el hecho generador, que motiva la indemnización concedida a la concursada, es la sentencia dictada en 18 de mayo de 2016”, en la que los jueces condenan al Concello, al no ser posible la restitución in natura, a pagar el valor de la finca cuando se ocupó y los intereses. La parcela no podía devolverse dado que se había incorporado al parque público del río Trabe, “cuya obra de acondicionamiento precisó una cuantiosa inversión pública”.

“Como se pactó en la escritura de constitución de la hipoteca, se entiende hipotecada conjuntamente con la finca la indemnización concedida y abonada a Epaat por la ocupación de la finca”, sentencia el Juzgado.