La Audiencia Provincial de Madrid ha decretado el sobreseimiento de la causa abierta contra la jefa del Servicio de Conservación de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional tras la denuncia de los herederos del dictador Francisco Franco. Los hermanos Martínez-Bordiu acusaban a esta funcionaria de incurrir en prevaricación y otros delitos por extralimitarse y emitir un informe en el que concluía que varios muebles y piezas depositados en el pazo de Meirás tenían “claramente su origen en las Colecciones Reales Españolas” y eran propiedad del Estado.

Según avanzó El Confidencial, los magistrados concluyen que la investigación no reviste el “mínimo exigible de consistencia” y lanzan más de un reproche a la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que citó como investigada a la responsable de Patrimonio al entender que los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito.

La Audiencia advierte de que el proceso penal “no puede tener como objeto la investigación de hechos sin apariencia delictiva” y afirma que un primer examen de la querella ya permite concluir que los hechos no tienen encaje penal.

Los jueces ven infundada la acusación de que la jefa del servicio de Conservación se extralimitó en sus funciones y recuerdan que el juzgado de A Coruña había solicitado un inventario sobre los bienes del pazo de Meirás.