La vía en la que Alcaldía de Sada depositaba su esperanza de evitar la demolición del edificio Sada y Contornos 3 con orden firme de derribo naufragó ayer en el pleno. La propuesta de corrección de errores del plan general encalló pasada la medianoche en una sesión agria y tensa que dejó más que en evidencia las diferencias de criterio en el seno el tripartito, especialmente entre Sadamaioría y Alternativa dos Veciños, que cada día dejan más patente su falta de sintonía.
La formación de la margarita se desmarcó desde el minuto uno de la propuesta de sus socios y propuso una enmienda a la que se adhirieron PP y PSOE para instar tramitar “con la mayor diligencia” el cambio como una modificación puntual del PXOM, vía planteada por la secretaria municipal. Se trata de un trámite más largo pero más garantista y con más visos de llegar a buen término, defendieron los tres grupos.
El desenlace del debate fue el esperado, pero cayó igualmente como un jarro de agua fría entre los propietarios de pisos del edificio presentes en el pleno, que ven en la corrección de errores la única solución posible en este punto del proceso, con el plazo para demoler el inmueble vencido y con el demandante urgiendo en los tribunales el derribo.
Unos argumentos muy similares a los que esgrimió el alcalde y delegado de Urbanismo, Benito Portela, que recordó que la corrección de errores había sido propuesta por el propio equipo redactor del PXOM y que la aprobación definitiva de esta propuesta le correspondía a la Consellería de Medio Ambiente e Territorio que, incidió, se había mostrado favorable a este cambio en una reunión celebrada el pasado abril.
Portela apeló a los informes técnicos favorables del TAX de Urbanismo y de la Diputación y restó importancia a las consecuencias que podrían derivarse de aprobar la propuesta con el informe en contra de Secretaría aduciendo que será la Xunta la que determine la procedencia de esta corrección. “Su posición era favorable a que se tramitase”, recalcó el regidor, que apeló a la “grave hipoteca” que supondría el derribo para el Concello y el “drama social” de tener que desalojar unos hogares y reducirlos a escombros.
Sus argumentos no calaron en la oposición, tampoco entre sus socios de gobierno de Alternativa dos Veciños. El partido de la margarita fue el primero en intervenir y bastaron las primeras palabras de María Nogareda para que Sadamaioría perdiese cualquier esperanza de aprobar el expediente, si es que todavía conservaba alguna. La edil de Alternativa lamentó la imagen “maniquea” que, en su opinión, traslada “la prensa” sobre este asunto, defendió que todos los grupos de la Corporación quieren evitar el derribo, pero apeló al informe contrario de la secretaria municipal a la corrección de errores y restó valor a los dictámenes favorables incorporados al expediente: “Los técnicos no se pueden pronunciar sobre si es una corrección de errores o no porque es un término jurídico”, argumentó.
Nogareda discrepó además de los redactores del PXOM, de Monteoliva Arquitectura, que defendieron la vía de la corrección de errores alegando que se tarda una media de cuatro a seis meses frente a los más de dos años de media de una modificación puntual del PXOM (vía propuesta por Secretaría). La edil sostuvo que había encontrado casos de modificaciones puntuales de que se habían tramitado “en 10 meses o menos”. Recordó que el informe de la secretaria municipal que planteaba esta vía era de agosto de 2021 y lamentó que no se hubiesen realizado ya gestiones en esa dirección.
“Un error puede ser material si no está sometido a debate y este no pudo dar más de si. Hay que buscar una solución , pero hacerla pensando en que nos la puedan aprobar”, defendió Nogareda, que propuso enmendar la propuesta y solo dar luz verde a las dos correcciones del PXOM que disponen del aval de Secretaría y tramitar las otras dos por la vía de la modificación puntual del plan general.
El BNG, tercera pata del tripartito, apoyó con rotundidad la vía de la corrección de errores: “Es una irresponsabilidad no hacerlo”, advirtió Isabel Reimúndez, que recordó que el tiempo juega en contra de los intereses del Concello y de los propietarios de buena fe, dado que el plazo máximo fijado por el juzgado para proceder al derribo ya venció en mayo de 2020. El juzgado ha ordenado fijar ya a principios de marzo las garantías para proceder a la demolición de los dos edificios.
Reimúndez recordó que la coyuntura actual es producto de la anulación de una licencia concedida en 2005 por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares y advirtió de las graves consecuencias que tendría el derribo para las arcas municipales: “Está en juego la economía local por muchos años y la ruina de muchos vecinos que sufren las consecuencias de los errores de la Administración”, advirtió la nacionalista, que apeló a la “desgracia y bochorno” que sería tirar un edificio “por un exceso de edificabilidad de 24 centímetros y un error del PXOM”.
La edil nacionalista tuvo aún así algún reproche para el alcalde y responsable de Urbanismo: “Según recoge el informe de la secretaria, existió una tremenda falta de comunicación y descoordinación entre los distintos servicios que no se merece Sada. Alcalde, se lo digo con la máxima lealtad, tiene que hablar más, coordinar más y dirigir el Concello con más eficacia”, afeó a Portela, aunque matizó que eso no podía “ser motivo para retrasar más la decisión”
Su alegato no caló. El PSOE se manifestó en una línea muy similar a Alternativa. Defendió que el único informe preceptivo del expediente es negativo, dado que, argumentó, la secretaría municipal es la única a la que le corresponde pronunciarse sobre un asunto “jurídico”. María Pardo acusó al alcalde de “difundir informaciones que no se ajustan a la realidad” y de pretender únicamente “hacer que hace”. “Nosotros sí que queremos solucionar el problema y no una portada manipulada en la prensa. Apoyamos a la señora Nogareda”, apuntó.
“En un pleno en el que siempre faltan informes, en este sobran”, secundó el popular Alberto Manuel García Cotelo, que defendió que la propuesta de Alcaldía era “simple y llanamente, una operación para echarle la culpa a otro”. El PP acusó al alcalde de demorar durante años la solución a este problema y “aprobar un PXOM con un error garrafal en este asunto”: “Ahora presenta esta propuesta para intentar culpar de los males a alguien que sí respeta la ley”, adujo Cotelo.
El alcalde también habló de excusas, pero de la oposición y de sus socios de Alternativa: “Lo que tienen es miedo, un temor insólito a que la Xunta se pronuncie, no perdíamos nada con eso”, defendió el regidor, que acusó a sus rivales de faltarle al respeto al “intentar atribuirle” la demolición de estos edificios: “Pido perdón a las familias por no sacar hoy [por ayer] este expediente adelante. Seguiremos trabajando para solucionar este problema de la forma más apropiada”, concluyó.
- “Nosotros tememos al juzgado, no a la Xunta”, terció María Nogareda.
- “Miedo no tenemos, tenemos cordura. Hacemos caso a los técnicos, no a los informes de parte”, secundó María Pardo.
- “Lleva siete años sin hacer nada salvo el teatro de hoy”, apostilló García Cotelo.
El alcalde ya no respondió a esta nueva tanda de reproches. Con la votación ya perdida y pasada ya la medianoche, Portela tiró la toalla y procedió a dar lectura de la propuesta enmendada por sus socios de Alternativa, que prosperó con los votos a favor de PSOE y PP y la abstención de Sadamaioría y BNG.
El Gobierno local aprueba en solitario el presupuesto
El Gobierno local dio luz verde en solitario al presupuesto de 2022, que asciende a 12,6 millones. El Ejecutivo destacó el incremento en un 64% de los gastos en servicios sociales y la reserva de fondos para nuevos servicios, como el de atención temprana. Apeló además a la inclusión de partidas para la redacción del proyecto de piscinas del paseo marítimo y el plan especial de La Terraza.
La oposición, PP y PSOE, criticó el retraso en aprobar el documento contable. El PSOE afeó al Ejecutivo la ausencia de fondos para obras que Sadamaioría calificaba hace tres años de urgentes e inaplazables, como la reforma del pabellón.
El PP incidió en las advertencias del Interventor sobre un exceso de optimismo en ingresos y el escaso margen para contingencias.
Alternativa llamó la atención sobre la necesidad de licitar ya servicios como asesoría jurídica y de redacción de proyectos y dirección de obras para “optimizar recursos”.
Las “palabritas” de la secretaria que caldearon el pleno
La modificación de la RPT de 2022 se aprobó por unanimidad con el compromiso del alcalde dejar los dos nuevos puestos en nevera hasta disponer de un análisis global de las necesidades por departamento. La unanimidad contrastó con el bronco debate, que avivó la secretaria al advertir del cambio “de unas palabritas” en la propuesta con respecto al documento que ella había presentado a Alcaldía: “No sé si por error o deliberadamente”, afirmó.
Ese cambio consistía en que poner que los servicios prestados por los participantes en el proceso de estabilización “podrán tenerse” en cuenta en vez de “habrán de tenerse en cuenta”. La advertencia de la habilitada nacional suscitó una lluvia de reproches, tanto desde las bancadas como por parte de algún trabajador que presenciaba el pleno desde el público.
Portela aclaró que no había cambiado su propuesta y que los puntos de acuerdo eran exactamente los mismos que los del documento inicial del 8 de febrero y defendió que no pretendía cuestionar la valoración de los servicios previos.
La secretaria explicó después que, efectivamente, el cambio era sobre la redacción del acuerdo propuesto por el departamento jurídico, antes de que la firmase el alcalde, y apuntó que tenía escasa trascendencia en la práctica, dado que la ley, que prevalece sobre el acuerdo plenario, ya fija los términos y requisitos de los procesos de estabilización, extremo en el que incidió también el regidor.
