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La Opinión de A Coruña

El Consorcio prevé ratificar la reclamación a Albada de 11,5 millones por los rechazos

La entidad lleva a pleno desestimar el recurso de la concesionaria contra el acuerdo de 2021 por el que se exigió la cuantía abonada por tratar fuera de Nostián los residuos no reciclables

Un camión del Consorcio, parado por personal de Albada a las puertas de Nostián, en 2011.

El Consorcio As Mariñas lleva este jueves a pleno desestimar el recurso de reposición interpuesto por la concesionaria del servicio de tratamiento de basura, la UTE Albada, contra el acuerdo del ente comarcal de 2021, por el cual reclamaba a la empresa 11,5 millones de euros —calculados hasta el pasado mayo, pendientes de actualizar cuando la compañía restablezca el servicio— por los costes de transporte y tratamiento de los rechazos fuera de la planta de Nostián desde 2011, cuando la compañía dejó de tratar los residuos no reciclables. El ente comarcal prevé ratificarse en su reclamación e imponer, asimismo, una multa de 3.005 euros por la infracción “muy grave” que constituye el incumplimiento de la parte del contrato consistente en el tratamiento de los rechazos, trabajos incluidos en el precio, sostiene el Consorcio, de acuerdo al informe de la Secretaría supramunicipal.

El ente prevé reafirmarse en la desestimación de las alegaciones de Albada. En el examen de los argumentos esgrimidos por la concesionaria, el secretario sostiene que “ninguna transcendencia ha de tener [...] la invocada nulidad del convenio que ya fue rechazada por la sentencia de apelación”, en referencia al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dio la razón al Consorcio y le eximió de pagar a Albada los dos millones de euros que reclamaba por los rechazos por “desequilibrio económico”.

“No es cierto que estemos ante un contrato finalizado, y la mejor prueba de eso es que el alegante sigue prestando sus servicios con la única excepción de la prestación objeto del presente expediente”, defiende el habilitado nacional. Recuerda que el contrato preveía la posibilidad de prorrogar el contrato hasta 2023.

El secretario rechaza también el argumento de que se trata de una prestación no contratada. Se remite al convenio, que “delimita el objeto en la actividad de tratamiento y eliminación en las mismas condiciones que se pacten para el Concello de A Coruña, en cuyos pliegos se incluía la referencia expresa al ‘Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos’”. “Por si eso no fuese suficiente, solo queda apelar a la práctica que mantuvo la concesionaria hasta octubre de 2011, momento en que decide no permitir la entrada a la planta de los camiones correspondientes a residuos del Consorcio, en cuyo dilatado periodo la concesionaria trató los rechazos como un derivado más de los residuos”, asegura. La concesionaria vetó el paso de vehículos del Consorcio después de que el ente devolviera las facturas específicas por el sobrecoste de los rechazos.

El funcionario niega también que los gastos del tratamiento de rechazos deriven de “una decisión unilateral” del Consorcio y atribuye la contratación de este servicio a la solución “más práctica” y la “única” posible tras el veto: contratar el servicio con otra empresa. Recuerda que la justicia dio la razón al organismo supramunicipal.

En cuanto a la multa, resuelve que “procede imponer la sanción en su grado máximo en razón a lo extenso del periodo en que se mantuvo la situación de desatención a la prestación incumplida”.

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